Militares argentinos arrestados

Por Isidoro Gilbert – Corresponsal en Argentina

 

El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, decidió la cesantía de varios coroneles en retiro (y el arresto de uno de ellos) por la reivindicación que hicieron del terrorismo de Estado, el martes, con motivo de conmemorarse el día del Ejército, nacido en 1810, como un acto de independencia frente al colonialismo español.

Todos ellos son miembros de un organismo autártico, la Obra Social del Ejército.

Pero este necesario gesto no aplaca la ira que provocó el presidente Fernando de la Rúa en una alocución en la ceremonia central, cuando elogió al jefe del Ejército, teniente general Brinzoni, y lo ratificó al frente de la fuerza a pesar de que el lunes fue denunciado en los tribunales de Resistencia, provincia del Chaco, por la responsabilidad en la masacre conocida como de «Margarita Belén», un fusilamiento contra 22 presos políticos a los que se les aplicó la ley de fugas, en ese estado del noreste argentino.

Para peor, en ese acto se hicieron presentes altos oficiales retirados implicados en la represión de los años 70, como Leopoldo Galtieri, que fue presidente de facto y jefe del Ejército en esos tiempos, o el ex ministro del interior Albano Harguindeguy. «No fueron invitados, van por su cuenta y son militares retirados, no se puede impedir que vayan a un acto militar», se justificó ante este diario un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

Otra cosa, dijo, fue lo que ocurrió en la Obra Social del Ejército, donde sé leyó un discurso reivindicatorio del terrorismo de Estado. «Anoche (por la del martes) decidimos aplicarles una sanción. Tres coroneles retirados fueron despedidos y un cuarto arrestado», anticipó a este diario el alto funcionario.

Fue difícil encontrar ayer a hombres del radicalismo que justificaran el discurso del presidente. Primero, porque Brinzoni puede estar sometido a un proceso judicial pedido por el Centro de Estudios Legales y Sociales que encabeza el periodista Horacio Verbitsky y el presidente no puede influir sobre el Poder Judicial. Y luego, porque los errores, si puede llamárselos así, que ha cometido el jefe del Ejército, sin ser sancionado, como designar como su abogado a un letrado del un partido nazi, no aconsejan pegarse demasiado al alto jefe castrense.

La fuente consultada en el Ministerio de Defensa sostiene que para ellos «Brinzoni garantiza que no se discuta en el arma participar de la lucha contra el narcotráfico», de la que serían adeptos sus posibles reemplazantes.

De la Rúa cometió más yerros. Saludó en su arenga al «personal en retiro que sigue aportando su experiencia al desarrollo de la institución», una franja donde se ubica a numerosos militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

La bárbara agresión de la que fue víctima la hija de la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, secuestrada y torturada en su domicilio de La Plata, está en la misma sintonía del discurso reivindicatorio del terrorismo de Estado.

Ese escrito remueve los viejos slogans anticomunistas y represores de los años de plomo. No es lo que reivindica el discurso presidencial, pero el poder en esta materia ha dado pasos atrás respecto a la doctrina del ex jefe del Ejército, general Martín Balza. El hecho de que el militar sea sospechoso de haber participado del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, no invalida su histórica autocrítica que Brinzoni no ahondó. Por el contrario, lenta y persistentemente, el hoy jefe del Ejército, ante el silencio presidencial y ministerial, ha ido buscando atajos para revindicar al Ejército frente a la sociedad. No con un sentido de apertura repudiando el pasado, sino señalando la continuidad histórica de la institución.

Para el presidente, que el jefe del Ejército mantenga a raya reclamos salariales y de presupuesto, es condición suficientemente válida para respaldarlo. De todos modos, nunca De la Rúa se destacó como oponente bravo de la dictadura. Y refrendó pedidos de ascenso de altos jefes a pesar de estar cuestionados por sus actividades durante la represión por organizaciones defensoras de derechos humanos.