La dolarización ecuatoriana

Se recordará que el presidente Jamil Mahuad cayó cuando intentó imponer por sorpresa la dolarización de la economía, lo que fue enfrentado por un vastísimo movimiento que aglutinó en las calles a partidos políticos y a movimientos sociales muy diversificados, con gravitación decisiva de los sectores indígenas. Después de marchas y contramarchas que sentaron a tres presidentes en un día en el Palacio de Carondelet quedó entronizado el vicepresidente Gustavo Noboa para seguir aplicando la misma política, en particular la dolarización. Se ha dado ahora un nuevo paso en esa dirección, pasando por encima de una firme oposición popular, sindical y también parlamentaria. El país sigue sentado sobre un volcán.

La magnitud de la devaluación ya operada y su impacto sobre el encarecimiento de los combustibles y las subsistencias básica se mide por estos datos: en 1995 el sucre estaba a menos de 3.000 por dólar, hace un año llegó a 10.000 y la maniobra de Mahuad lo hizo saltar a 25.000. En la ley se fija en este nivel.

El petróleo en la mira

Para 5 de los partidos con representación parlamentaria, el proyecto aprobado es ilegal. Se empeñaron en su rechazo, mientras Noboa presionaba por su aprobación. Ahora anunció que vetará el artículo que establece tasas de interés fijas y pugnará por introducir otras modificaciones.

El Frente Patriótico, que agrupa a sindicatos, campesinos y múltiples organizaciones civiles, señaló por medio de su presidente Luis Villacís que esta votación provocará un estallido social, dado el generalizado rechazo de la población a la dolarización, como lo revelaron las masivas movilizaciones que han venido conmoviendo al país.

Ello es así porque la ley trolebús –así llamada porque en ella hay de todo, como en botica– modifica las normas de privatización de empresas públicas y apunta en primer lugar a pasar a manos privadas los importantes recursos petroleros, sobre los cuales hace tiempo viene alargando la zarpa el cartel de «las siete hermanas». Desde 1972 el petróleo es la base de las exportaciones del país, superando a todas las demás juntas: el banano (sometido a restricciones de la Unión Europea), el café y el cacao, que antes generaban el 80 % de las divisas.

Por aquellos años, bajo el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, Ecuador se incorporó a la OPEP y el Estado adquirió parte del paquete accionario de la Texaco-Gulf (a la vez que defendió las 200 millas de mar territorial ante las pretensiones pesqueras de EEUU, lo que originó la «guerra del atún»). Hoy se procura revertir esa situación por completo.

Privatización de servicios esenciales

Ya en el curso de las medidas de emergencia decretadas por Mahuad a comienzos del año, se generó una situación caótica con el suminstro de gasolina, y el sindicato petrolero denunció que se procuraba fundir el ente estatal para abrir paso a su privatización. Por su parte, al asumir el 22 de enero Noboa propuso gestionar recursos económicos del Departamento del Tesoro de los EEUU dejando como garantía títulos de la reserva petrolera ecuatoriana, lo que equivalía a enajenar esta riqueza esencial.

Esto era parte de un plan más vasto, anunciado sin recato, destinado a privatizar las principales empresas estatales. Es lo que también está en juego en la ley votada, que establece la privatización de las telecomunicaciones y de los servicios eléctricos, dando paso «a un proceso agresivo de privatización de los servicios», como se dijo en el debate.

Despidos y salarios de miseria

Otros dos aspectos de la ley, por lo menos, perjudican gravemente a los trabajadores. Se crea la modalidad del trabajo por horas, lo que según los sindicatos derivará en el despido masivo de operarios, cuando el desempleo abierto supera el 17 % y en 1999 cerraron 2.000 empresas, aumentando en 250 mil el número de desocupados.

Y seguirán los salarios de miseria, mientras los precios de los productos y servicios ya ascienden a niveles internacionales.

La ley consagra asimismo reformas al sistema financiero, que sostuvo la camaña electoral de Mahuad y a cuyo salvataje éste destinó 1.500 millones de dólares de fondos públicos después que 18 bancos (entre ellos los más poderosos, Progreso y Filanbanco) quebraran fraudulentamente, manejando dobles contabilidades y concediendo préstamos sin retorno a sus propias empresas. Mientras tanto, no se adopta ninguna medida para los pequeños depositantes, que fueron expropiados mediante la congelación de sus ahorros por diez años.

Una situación explosiva

En suma, se han exacerbado las contradicciones de la sociedad ecuatoriana y ha quedado larvada una situación explosiva como la que engendró las grandes movilizaciones recientes, que hicieron confluir a las fuerzas populares y de izquierda, a los sindicatos, a la juventud estudiantil, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), con la participación también de militares demócratas, ligados a estratos medios y bajos de la sociead, a sectores campesinos e indígenas.

En el reciente encuentro el Foro de Sao Paulo, se puso énfasis en la coordinación de los movimientos de izquierda con las organizaciones indígenas y campesinas. La declaración de Niquinohomo destaca «la presencia de los pueblos indígenas de nuestra América que resisten los embates del neoliberalismo con rebeliones y movilizaciones»; y en el caso de Ecuador, alude a «la insurgencia indígena, popular y de militares democráticos, lo cual revela… un creciente proceso de acumulación de fuerzas en el campo popular y progresista».

Por lo pronto, la Coordinadora de Movimientos Sociales anunció que acordará con la Confederación de Nacionalidades Indígenas la realización de demostraciones conjuntas el martes 21 contra la ley de dolarización. Esta última propone además la realización de una consulta popular contra el modelo económico.