Análisis Internacional

La lucha contra la corrupción en Brasil

Por Niko Schvartz

 

Desde la presidencia del Senado AC Magalhâes fue el promotor de la violación del panel electrónico que registra las votaciones secretas, maniobra efectuada en contubernio con el líder del partido del presidente Cardoso. Con la renuncia ambos evitan la expulsión, que implicaría su muerte civil durante ocho años. Dicha expulsión estaba cantada, gracias al trabajo tesonero y persistente de los legisladores de la oposición y a pesar de las maniobras fraudulentas del primer mandatario.

 

La Investigadora parlamentaria

La lucha conjunta contra la corrupción en las distintas esferas se viene desarrollando con fuerza en Brasil. En el último período, cabe destacar la propuesta presentada colectivamente el 15 de marzo por legisladores del PT de Lula, del PDT de Brizola, del partido Socialista (PSB), del PCdoB, del Partido Verde (PV), del Partido Popular Socialista (PPS, mayoritariamente ex PCB, comunistas) y PL, requiriendo la formación de una Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la corrupción. Las cinco primeras fuerzas nombradas han participado en variadas formas de alianzas electorales, a distintos niveles. La demanda, asumida con decisión por entidades del movimiento sindical y social, motivó amplias movilizaciones en una campaña de ámbito nacional desplegada a partir del 5 de abril y que se expresó además en las manifestaciones del 1º de mayo, en el marco de la condena a la política económica y social del gobierno, a la que se agrega ahora su responsabilidad en la aguda crisis energética. Dicha campaña acaba de cosechar sus primeros frutos.

Entre los casos de corrupción incluidos en la investigación figuraban: la privatización de Telebras; el llamado caso de Eduardo Jorge y la TRT de Sâo Paulo; otro turbio negocio que involucraba a los bancos Banpará, Citibank y Económico con el parlamentario Jader Barbalho; el salvataje en enero de 1999 de dos bancos a un coto de 700 millones de dólares; un dossier sobre el paraíso fiscal de las islas Caymán; y malversación de fondos públicos destinados a obras que nunca se hicieron, etc. El presidente maniobró para impedir estas investigaciones, como veremos.

 

Privatizaciones y negociados

Se destacan en ese marco los ruinosos negocios que hizo el gobierno con las privatizaciones. Este es un rasgo común con la Argentina, abarcando a nuestros dos socios mayores en el Mercosur. Veíamos días pasados un gran acto realizado por personal y técnicos de Aerolíneas Argentinas, rodeados de trabajadores y dirigentes sindicales, de parlamentarios y luchadores sociales, frente a la embajada de España en Buenos Aires, en protesta contra el desmantelamiento y virtual liquidación de la línea aérea de bandera argentina. Iberia (de propiedad del Estado español) procedió previamente a vaciar la empresa, como también lo hizo con la línea aérea venezolana. En uno y otro caso, el personal queda en la calle: dramática consecuencia de la privatización, como se resaltó en la oratoria. Reseñando lo sucedido con la flota mercante, los ferrocarriles, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), los apagones en Buenos Aires luego de la privatización de las empresas energéticas o los desaguisados con los teléfonos, el padre Farinello recordaba una frase histórica: ¿Qué te han hecho, patria mía?

 

Un prontuario de ACM

Volviendo al Brasil. Los hechos recientes colocaron bajo los reflectores la figura de Antonio Carlos Magalhâes, dueño de vida y haciendas en Bahía e hijo dilecto de la dictadura militar brasileña, defensor de las clases dominantes más retrógradas del nordeste. Apoyó entusiastamente el golpe del 31 de marzo de 1964, gracias a lo cual el primer dictador militar, Castelo Branco, lo nombró prefeito de Salvador, capital de Bahía. Fue gobernador del estado (governador biônico en la jerga brasileña) por primera vez entre 1971 y 1975, designado a dedo por el general Garrastazu Médici, y por segunda vez entre 1979 y 1983 por decreto del último gobernador militar, general Ernesto Geisel. Fue electo una sola vez, en 1991, y por escaso margen. Sus gobiernos elevaron los índices de pobreza, desempleo y marginación entre la población del estado. Ejerció el poder en forma arbitraria, procurando subordinar a los poderes legislativo y judicial y atacando a la prensa independiente, como lo destaca un reciente libro del periodista José Carlos Teixeira Gomes, redactor jefe del Jornal da Bahia, que denunció el favoritismo del gobierno estadual hacia una empresa propiedad del propio gobernador. ACM le puso el nombre de su hijo al aeropuerto de Salvador y el suyo propio a escuelas y avenidas de ciudades del estado. Bien acogido por la cadena O’Globo de Roberto Marinho, se mantuvo fiel hasta el final al gobierno más corrupto del Brasil, el de Collor de Mello. Ahora desde la presidencia del Senado era punto de apoyo fundamental del presidente FHC.

 

Democracia e impunidad

Las maniobras fulleras perpetradas por éste para impedir la formación de la Investigadora parlamentaria le valieron que manifestaciones cívicas recorrieran las ciudades con pancartas que decían: «FHC en un mar de lodo» y «FHC arrojó la máscara». Compró al contado a 20 diputados, cinco de los cuales respondían a Magalhâes (lo mismo que hacia Montesinos, al cual a su vez le pagaba Fujimori), para que retiraran su firma del pedido de Investigadora. De la noche a la mañana liberó más de 27 millones de dólares para proyectos sociales y de infraestructura patrocinados por esos legisladores, mientras en los cuatro meses anteriores había destinado a tales fines apenas 7,7 millones. Ni aun así pudo evitar que las denuncias de corrupción se abrieran paso, creándose una extendida conciencia social al respecto. Ante las evidencias acumuladas el propio ACM debió confesar su responsabilidad.

Abogados y profesores universitarios, respondiendo a exigencias de la sociedad civil movilizada, presentaron un pedido de impeachment contra Cardoso, como en su hora se hiciera contra Collor. El presidente alegó que las denuncias ponen en riesgo la democracia y perjudican los mercados. Lula replicó que «el riesgo podría ocurrir si nosotros no impulsamos una rápida investigación de las denuncias», y culminó con esta frase lapidaria: «La democracia se fortalecerá si acabamos con la impunidad».

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