Avanza cambio constitucional en Chile

Por Víctor Vaccaro – Corresponsal en Chile

 

En su informe anual de su gestión ante el Congreso Pleno, el presidente Ricardo Lagos recordó a la oposición que tiene una asignatura pendiente con el país al bloquear hasta ahora la eliminación de los enclaves autoritarios que introdujo la dictadura militar a la Carta de 1980 para perpetuar el pinochetismo, y emplazó al bloque derechista en el Parlamento a concordar «una Constitución que nos interprete a todos y sea legitimada por todos», objetivo que ahora «estamos más cerca que nunca de lograr».

El primer mandatario valoró así el empeño del ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien entregó recién a la comisión especializada del Senado un paquete de importantes modificaciones a la Constitución de 1980, del que excluyó las normas electorales en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo con la oposición para eliminar de la Carta impuesta por Pinochet los resabios antidemocráticos y culminar a fin de año la tantas veces postergada reforma política que posibilite el fin de la transición.

La iniciativa encuentra un terreno abonado por un año de discusiones y aproximaciones que ha tenido lugar en la Cámara alta, especialmente entre representantes de la Concertación y de la derechista Renovación Nacional (RN), aunque la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) se opone a cualquier cambio que termine con el perverso sistema electoral binominal y disminuya la gravitación militar en el funcionamiento de las instituciones.

En un extremo intento por desbloquear la democratización que reclama una amplia mayoría de los chilenos expresada en todas las encuestas, el ministro Insulza presentó en la Comisión de Constitución del Senado un documento que propone 13 enmiendas, entre ellas una que suprime cualquier referencia al injusto sistema electoral binominal vigente y radica este tema en la ley sobre votaciones y escrutinios.

Como esta norma tiene rango de ley orgánica, para su modificación se requiere la aprobación de 4/7 de los miembros de cada cámara, menor que el quórum de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio que se necesita para una reforma a la Constitución. Previendo que la oposición no acepte esta situación, el ministro señaló que podría mantenerse el quórum constitucional para modificar la ley orgánica de elecciones.

Con ello el gobierno confirmó que le importa más eludir un factor de división que entorpece la concreción de otras reformas que están en avanzado aunque con diferente grado de acuerdo con la derecha, como son el ortorgamiento de mayores facultades fiscalizadoras al Congreso Nacional, la supresión de los senadores designados y vitalicios, las modificaciones a la función e integración del Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional.

Entre las reformas que propone el Ejecutivo se incluye una limitación a la duración y a las restricciones de las garantías individuales con motivo de los estados de excepción, la eliminación del rol de garantes de la institucionalidad que hoy tienen las Fuerzas Armadas, establecer la dependencia de las policías al Ministerio del Interior, acabar con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la integración del Senado se plantea suprimir los designados y vitalicios al establecer que estará integrado por 48 miembros elegidos en votación popular directa, quienes durarán 8 años en sus cargos, renovándose en mitades cada cuatro años.

También se incorpora como miembro del Consejo de Seguridad Nacional al presidente de la Cámara de Diputados, rompiendo con ello a favor de las autoridades civiles el empate que hoy existe en su seno con los uniformados, confiriéndole sólo carácter asesor del primer mandatario en materias relacionadas con la seguridad de la nación.

Se establece que las Fuerzas Armadas quedan constituidas sólo por el Ejército, la Armada y la Aviación, bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, y que no serán parte de ellas las policías de Carabineros e Investigaciones que pasan a depender del Ministerio del Interior.

Tal como en la actualidad, se propone que el Presidente de la República designe a los comandantes en jefe de las FFAA pero sólo por tres años (y no por 4), pudiendo ser llamados a retiro por decreto presidencial fundado o sin expresión de causa si se les hubiere renovado ese nombramiento por un segundo trienio.

El presidente de la Comisión de Constitución, senador RN Sergio Diez, señaló que en ese organismo, que debe informar la iniciativa al pleno, existía un clima favorable y que después que el gobierno desgajó de la reforma el controvertido tema electoral «se supera un escollo que parecía insalvable para alcanzar acuerdos en otras materias».

A su turno, Insulza opinó: «Vamos a llegar a un acuerdo razonable porque queremos trabajar con el mayor consenso posible en la Comisión», aunque el senador UDI Andrés Chadwick dijo que ese partido no está de acuerdo con los cambios al sistema electoral y al estatuto de las Fuerzas Armadas, pero enseguida agregó: «Aunque estudiaremos detalladamente la propuesta con nuestros aliados».