Senado traba ascensos a varios militares

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ratificó ante la Comisión de Acuerdos del Senado las impugnaciones hechas originalmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a los ascensos de seis de los siete tenientes coroneles pedidos por el Gobierno.

El CELS es la entidad con el mejor archivo posible sobre la actuación de la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura.

El respeto que infunde lo revela que el propio Ejército pregunta allí sobre los antecedentes que podría desconocer antes de ordenar su ascenso a oficial superior.

Las impugnaciones que están basadas en denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos de los aspirantes a ascender han obligado a los senadores de la comisión a postergar nuevamente un pronunciamiento sobre estos pliegos de ascenso, enviados a la Cámara alta en diciembre pasado por el anterior gobierno del entonces presidente Carlos Menem.

Mediante una nota enviada por el presidente Fernando de la Rúa al titular del Senado, Carlos «Chacho» Alvarez, ratificó el pedido de acuerdo para esos militares.

La carta venía acompañada por una comunicación del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, que, al justificar el reclamo de acuerdo, hacía suyo definiciones del nuevo jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, al señalar al diario Clarín que no existía «ningún elemento objetivo que pueda implicar un cuestionamiento jurídico o moral» contra los oficiales propuestos por el Ejército para ascender al grado inmediato superior.

Acusaciones puntuales

Pero Alfredo Bravo, Simón Lázara y Adolfo Gass de la APDH aseguraron ante los senadores de la Comisión de Acuerdos que «sí existen motivos objetivos de impugnación y denuncias que no son anónimas, como dijo el Ejército». Los impugnados «representan casos paradigmáticos, porque están vinculados a tres zonas de operaciones como Catamarca, Jujuy y la guarnición de Azul, donde esos oficiales estaban al frente de las acciones», señalaron.

Los antecedentes, aportados por la ADPH, de los tenientes coroneles propuestos para el ascenso son:

1) Aldo Héctor Martínez Segón, supuestamente involucrado en la denominada «Masacre de Margarita Belén», caso ocurrido en la provincia del Chaco durante la dictadura y que fue tomado como caso emblemático en el juicio a los ex comandantes de la dictadura, condenados a perpetua e indultados por Menem.

Otros casos:

2) Alejandro Guillermo Braga, sindicado por la ex Conadep (Comisión Nacional de Desaparecidos que encabezó el escritor Ernesto Sábato) como represor en Jujuy. El ex diputado radical Normando Alvarez García, de esa provincia, identificó a este militar como el que encabezó un pelotón que secuestró a su hermano.

3) Alejandro Guillermo Duret denunciado ante la ex Conadep con el alias «El Perro» e identificado por la CELS como supuesto represor que integraban el Grupo Artillería Blindado 1 de Azul.

4) Rodolfo Sergio Mujica, con legajo en la ex Conadep, imputado como supuesto represor en Catamarca.

5) Alejandro Aquiles Richetta. Consta en la ex Conadep que fue jefe de tropa del hospital militar de Córdoba con desempeño en el centro clandestino de detención conocido como La Ribera.

6) Eduardo Daniel Cardozo aparece con tres imputaciones de supuesto secuestro en el área Mendoza y fue desprocesado por la Ley de Obediencia Debida de 1987. Algo más que «subjetividades».