De la Rúa pidió calma pero el descontento se multiplica

Por Isidoro Gilbert – Corresponsal en Argentina

 

La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, admitió la gravedad del descontento pero advirtió que no se está en las cercanías del «estallido social», criterio que algunos políticos ven posible.

Los cortes de ruta, el modo con que desocupados o carenciados, vaya uno a ver la diferencia, que desde hace años se exhibe como la forma de que los que no tienen nada pueden hacerse oír por los medios, es muy superior, según informes de inteligencia, a los que se difunden por diarios o medios electrónicos. El más notorio estos días es el bloqueo de caminos del partido suburbano de La Matanza, donde comités con gran experiencia, con fuerte participación de partidos o militantes de izquierda de la zona, reclaman por el cumplimiento de la entrega de planes «Trabajar», un subsidio módico pero cuya ausencia hace insoportable la existencia.

El gobierno –y los servicios de seguridad– cree que al malestar objetivo se junta la propuesta política de la confrontación de sectores radicalizados. Carlos Castells, un dirigente de un movimiento de jubilados, que ya estuvo preso largo tiempo por empujar reclamos, encabezó ayer el inicio de una marcha que desde el Gran Buenos Aires caminará hasta el viernes para colmar, piensa, la histórica Plaza de Mayo, allí donde el 17 de octubre de 1945, recuerda, se produjo la bisagra en la historia contemporánea argentina con el reclamo por la libertad del entonces coronel Juan Perón Sosa.

 

Protesta no espontánea

Castells pertenece a la pro maoísta Corriente Clasista Combativa que orienta el jujeño Carlos «Perro» Santillán, con buenas relaciones con la CGT del camionero Hugo Moyano y el combativo Víctor De Gennaro, dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), con gran predicamento, también, entre los «piqueteros», nombre con que se identifican los que cortan rutas.

Los jueces federales, que en otras ocasiones intervienen de oficio ante los cortes de las rutas nacionales, por ahora guardan silencio. El secretario de Seguridad, Enrique Mathov, le pasó la pelota de la faena de despejar los caminos a los gobernadores, los que no quieren agravar la situación con medidas de represión.

En rigor, la judicialización de la protesta social se viene incrementando en los últimos años. Hay actualmente cerca de 2.500 juicios contra piqueteros o acompañantes y un dirigente de la Corriente Clasista, Emilio Alí, acaba de ser condenado a cinco años y medio de prisión efectiva, acusado de reclamar comida, sin violencia, en un supermercado bonaerense.

Con esos antecedentes, no es improbable que la prudencia del poder se convierta en represalia, más cuando las promesas de que el crecimiento comenzaría desde que hace cerca de 50 días Domingo Cavallo retomó con poderes especiales la cartera de Economía, se desvanecen a diario.

Ayer el gabinete nacional analizó el dramático cuadro y las posibilidades de canjear una parte de la deuda externa con el supuesto que aliviará la situación, permitiría la baja de los intereses y favorecería la inversión.

 

La nueva tortura: el riesgo país

La reacción de los mercados viene siendo negativa. El «riesgo país» se ha convertido en la obsesión de no pocos argentinos, que interrogan sobre su estado diario, como en otros tiempos preguntaban acerca de la cotización del dólar o la inflación. O si hace mucho o poco frío para salir a las calles. Le cuesta a ese riesgo bajar los mil puntos, una grosería porque induce a que las tasas para tomar créditos en el exterior (y aquí mucho más) no deberían ser menores al 16% anual.

A Cavallo se le ocurrió subir las garantías para los acreedores, como privilegiarlos como cobradores sobre salarios o jubilaciones. Dicho de otro modo, de lo que se recauda por impuestos, los tomadores de bonos tienen en primer sitio de la fila de los que quieren cobrar. Dice que así las fieras de los mercados se calmarían.

El ex presidente Raúl Alfonsín y el jefe del bloque de diputados nacionales de la Alianza, Darío Alessandro, anticiparon que esa idea no pasará en el Parlamento. Cavallo busca el apoyo de los gobernadores, los de linaje peronista especialmente, para hacer aprobar esa ley por el Senado Nacional. Con todo, los voceros del ministro hicieron saber que no es necesaria para canjear parte de la deuda. Si es así ¿por qué se insiste en aprobarla?

Fuentes del Ministerio de Solidaridad Social comentaron que su titular, el frentista Juan Pablo Cafiero, presentará otro índice: el del riesgo social, calculado por varios parámetros para los que reclamará prioridad.

Vienen semanas conflictivas y las centrales obreras discuten si hacen una nueva protesta.