Los escándalos judiciales
Roma, AFP
El magnate de la comunicación Silvio Berlusconi, que se impuso el domingo en las legislativas de Italia, se enfrenta aún con la justicia italiana por diversos casos de corrupción.
Propietario de un verdadero imperio industrial que incluye, entre otras empresas, tres importantes canales de televisión, un diario, un semanario, la mayor editorial del país y una sociedad de publicidad, Berlusconi no ha resuelto el problema que implica el conflicto de intereses que surgirá entre su cargo de jefe del gobierno y ser el hombre más rico de la península transalpina.
Los problemas judiciales de Berlusconi comenzaron en 1994, pocos meses después de su nombramiento como jefe de gobierno, cuando el tribunal de Milán (norte) lo acusó de corrupción. La acusación terminó por obligarlo a renunciar al cargo siete meses después de llegar al poder.
Después, el líder de Fuerza Italia (FI, derecha) fue condenado en primer grado a un total de seis años y cinco meses de cárcel por falsificación de contabilidad, financiación ilícita de los partidos políticos y corrupción a finales de los años 90. Fue absuelto en el juicio en apelación y en algunos casos, debido a la lentitud de la justicia, se benefició de la prescripción del delito cometido. Sin embargo, Berlusconi sigue sometido a investigación judicial. En Roma, está siendo indagado por haber participado en la corrupción de un grupo de jueces encargados de «arreglar» los procesos en que estaba implicado su poderoso grupo de comunicaciones, Fininvest. En España, el juez Baltasar Garzón quiere procesarle por presunta evasión fiscal a través del canal de televisión Telecinco, del que Fininvest es accionista de referencia. A principios de abril, el diario de centro-izquierda La Repubblica publicó extractos de un informe realizado por una oficina especializada inglesa, el KPMG, encargada por el tribunal de Milán de seguir los pasos financieros a Fininvest.
Te recomendamos
¿inocentes?
Argentina: Adorni, Angeletti, Sturzenegger y Espert se acogen al régimen de “inocencia fiscal”
Lejos de dar explicaciones sobre los orígenes opacos de sus dineros, los funcionarios del gobierno de Milei se acogieron a una ley —diseñada y aprobada por el mismo gobierno— para quedar totalmente impunes.
Compartí tu opinión con toda la comunidad