Habrá cambios en la cúspide militar chilena

A la renovación total de la Cámara de Diputados y de la mitad de los miembros electos del Senado que debe producirse en diciembre de este año, se anticipará en noviembre el reemplazo por el Presidente Ricardo Lagos de los máximos mandos de la mitad de las Fuerzas Armadas y de Orden y la sustitución en marzo del comandante en jefe del Ejército general Ricardo Izurieta, al cumplirse los cuatro años que la Constitución fija para desempeñar esos cargos.

El normal y planificado relevo de la máxima jerarquía castrense constituirá, tal como ocurre con la elección popular directa del Poder Legislativo, una manifestación más del correcto funcionamiento de las instituciones dentro del Estado de Derecho, aunque pudiera quedar pendiente el objetivo declarado de hacer coincidir con estos acontecimientos el cierre definitivo de la larga y hasta ahora incompleta transición democrática.

Ese fue el propósito del gobierno y las instituciones armadas al sentarse a la Mesa de Diálogo para resolver los problemas pendientes relacionados con la masiva violación a los derechos humanos durante 17 años de dictadura militar, así como a la superación de los enclaves autoritarios heredados de ese régimen y que entorpecen la convivencia y el desarrollo nacional.

Sin embargo, todo parece indicar que asumirán el 15 y el 27 de noviembre próximo respectivamente los sucesores del comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia y del director general de Carabineros, Manuel Ugarte, además del nuevo jefe máximo del Ejército el 10 de marzo de 2002 sin que se haya cumplido plenamente esa mayoritaria aspiración.

El significativo avance que representó el reconocimiento público por parte de las instituciones armadas de la responsabilidad de muchos de sus miembros en la detención, tortura y desaparición de miles de personas, tanto como la entrega de información sobre lo ocurrido con 200 de ellos, se retrotrajo severamente debido a los nulos resultados prácticos y la constatación que por lo menos en el caso del dirigente comunista Juan Luis Rivera, cuyos restos fueron encontrados recientemente en el Fuerte Arteaga del Ejército, se mintió al asegurar oficialmente que era una de las 150 víctimas cuyos cuerpos habían sido arrojados al mar.

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Gladys Marínm, anunció que presentará una nueva querella contra los comandantes en jefe en ejercicio por haber entregado información falsa, pese a que una acusación anterior fue desestimada por la jueza del Octavo Juzgado de Santiago.

Por su parte, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, dijo que el gobierno sigue considerando positivo lo avanzado por la Mesa de Diálogo y coincidió con el general Izurieta en la inconveniencia de volverla a convocar, y en cambio revisar en conjunto con las FFAA el informe que éstas entregaron para prevenir nuevos errores y avanzar más en la determinación del destino de los restos y su ubicación.

Entretanto, el presidente Lagos se prepara para anunciar a principios de octubre el nombre de los sucesores de los actuales jefes de la Armada, Carabineros y el Ejército, que debe escoger de entre las cinco primeras antigüedades del respectivo escalafón.

Ello podría anticipar en la Marina y la policía uniformada el proceso de calificación, o postergarlo hasta fines de noviembre. De ser así, la elección presidencial se haría entre las actuales cinco antigüedades, y en ese caso los principales candidatos serían el vicealmirante Alex Waghorn, representante naval en la Mesa de Diálogo, y el actual jefe del Estado Mayor y segundo en el escalafón del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.