Ex ministro de Menem declaró por tráfico de armas

Buenos Aires, AFP

 

El juez federal Jorge Urso, que investiga el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, tiene a partir de ahora 10 días para disponer la detención de González, uno de los ministros que firmaron los decretos de venta y que aparecía como más involucrado.

González declaró como presunto «organizador de una asociación ilícita» (grupo organizado para delinquir, delito no excarcelable, con pena de hasta 10 años de prisión). Era ministro de Defensa cuando fueron firmados decretos que disponían operaciones de venta de 6.500 toneladas de armas a Panamá y 75 toneladas a Venezuela, pero los cargamentos fueron desviados de su destino original y aparecieron en Croacia y Ecuador.

Ambos países estaban en guerra en la época y sobre ellos pesaba un embargo internacional para la venta de armamento. Además, Argentina era garante de la paz entre Ecuador y Perú en 1995, cuando ambos mantenían un conflicto bélico froterizo.

Urso ya había procesado a González por «falsedad ideológica», por los dos decretos secretos que autorizaron la supuesta venta de armamento a Panamá (país sin fuerzas armadas), y que habrían terminado en Croacia.

En la ex Yugoslavia había militares argentinos entre los Cascos Azules de Naciones Unidas que intervenían como observadores durante la guerra en los Balcanes.

Esos dos decretos también fueron firmados por Menem y por el ex canciller Guido Di Tella, quienes serán indagados el 13 de julio y el 24 de mayo, respectivamente. El fiscal Carlos Stornelli solicitó que Menem declare como «jefe» de esta supuesta organización ilícita.

Aunque en los decretos también puso su rúbrica el ministro de Economía Domingo Cavallo, quien también ocupó ese cargo de 1991-1996, éste no ha sido citado.

El jueves, ante corresponsales extranjeros, Cavallo opinó que esa causa judicial debería pasar a un «tribunal superior» o a la Corte Suprema.

Pero ayer, el fiscal Stornelli desestimó esa posibilidad porque «la Constitución establece claramente el principio del juez natural, que es el designado por la ley antes del proceso».

Luego de declarar, González dijo a medio centenar de periodistas que lo esperaban en las puertas de los Tribunales: «Creo que ha terminado la pesadilla. Me voy conforme y tranquilo. No hay ningún elemento de juicio que pueda dar lugar a una acusación de asociación ilícita. Aporté todo lo posible al esclarecimiento de esta causa».

Por su parte, Stornelli señaló en rueda de prensa que «por ahora, la declaración de González terminó.

Se va a decidir si es convocado de vuelta o no. Contestó todo lo que se le preguntó, no voy a decir qué. Ahora vamos a hacer una evaluación».

Por este caso está en prisión como «organizador» el empresario Emir Yoma, ex asesor y ex cuñado de Menem, en tanto han sido convocados a prestar declaración como imputados el ex canciller Guido Di Tella y el ex jefe del Ejército, teniente general retirado Martín Balza.

En calidad de «integrantes» de la organización delictiva también fueron procesados el ex interventor de Fabricaciones Militares (FM, dependiente de Defensa), Luis Sarlenga (en libertad bajo fianza), y los coroneles retirados Carlos Franke, Edberto González de la Vega y Jorge Cornejo Torino, todos ex directivos de FM durante esa gestión.

Por otro lado, González debía ser indagado el lunes próximo por el juez en lo penal económico Julio Speroni, quien investiga el contrabando de 260 toneladas de pólvora para cañones, pero el defensor del ex ministro pidió una postergación en esta causa, en la que el ex ministro está acusado de «contrabando calificado», delito no excarcelable.

El nuevo impulso a la causa, que se inició en 1995, se produjo cuando la Cámara Federal (Apelación) porteña ordenó el mes pasado avanzar en la investigación de la existencia de una asociación ilícita.

Según los tres miembros de la Cámara, «puede sostenerse que la totalidad de las maniobras no se desarrollaron como un evento aislado sino que lo han sido de forma metódica e implicaron la comisión de diversos ilícitos a los fines de ocultar el verdadero destino que habría de darse al material bélico a exportar».

Además, la Cámara expresó que «resultó necesaria la intervención de varios funcionarios del Estado Nacional y sus dependientes».