A la cárcel por "pedir comida"

Por Isidoro Gilbert – Corresponsal en Argentina

 

Es la reflexión que ayer se realizaba en círculos sociales, sindicales, políticos y entre especialistas del derecho al conocerse que el dirigente barrial Emilio Alí fue condenado a cinco años y medio de prisión por haber reclamado comida junto a un grupo de desocupados en un supermercado de Mar del Plata el 5 de mayo de 2000, día de un paro nacional contra la reforma laboral y el modelo económico.

La concepción es inconfundible ya que el Tribunal Oral número 2 en lo Penal de esa ciudad consideró que Alí, integrante de la CTA, incurrió en el delito de «coacción y extorsión», aunque él negó los cargos hasta último momento.

«Es una vergüenza que la Justicia condene a alguien que intentó salir de la marginalidad y que los delincuentes que entregan el país estén libres y ni siquiera los persigan. Este es un mensaje nefasto para los que salen a reclamar, para los luchadores», comentó De Gennaro.

Alí tiene 25 años y hace diez meses que está preso. El 5 de mayo de 2000, Mar del Plata amaneció movilizada por el paro convocado por la CGT rebelde del camionero Hugo Moyano. Cerca del mediodía Alí ingresó al supermercado «Casa Tía» entonces propiedad del grupo Exxel, al frente de medio centenar de desocupados. Pidió hablar con el gerente y exigió que les entregaran un bolso con comida. Explicó que él y quienes lo acompañaban estaban atravesando serias necesidades y al cabo de dos horas de negociaciones logró su objetivo: sin incidentes, el grupo se retiró en un micro con los alimentos.

 

Un fiscal escarmentador

Pese a que el supermercado no denunció lo sucedido y no hubo violencia, el fiscal Alfredo Deleonards inició la demanda de oficio por «extorsión y coacción». El fiscal afirmó al diario «Página/12″ que Alí se autoincriminó antes de ser condenado. «Cuando se retiraron los medios de comunicación, el hombre le dijo al gerente del supermercado que si no les daban lo que pedían, iban a saquear todo». Una falsedad según los amigos del hombre represaliado.

«No es cierto que Emilio los haya extorsionado. El tribunal ya tenía una decisión tomada y hubo aprietes a los empleados de Casa Tía para que dijeran lo que dijeron. Más allá de lo que físicamente le va a pasar a Alí, porque el que sufre la cárcel es él, acá hay un claro mensaje del gobierno para todos los luchadores», dijo Fernando Cardozo, coordinador del movimiento «Libertad por el piquetero». Los fundamentos de la condena a Alí se conocerán el 3 de mayo y será apelada por su abogado. Alí está preso desde el 6 de junio pasado, cuando el juez de garantías Marcelo Riquert ordenó su detención. Las pruebas que hay en su contra son las declaraciones testimoniales de los empleados y el gerente de Casa Tía, además de las notas de televisión y las notas de los diarios. «El fallo es una verdadera vergüenza, no hay ningún fundamento legal para condenar a Alí. En este país, los delincuentes están libres y los compañeros que luchan van a la cárcel. Es claramente un mensaje para que los compañeros se queden en sus casas», reaccionó De Gennaro, quien visitó a Alí en la cárcel de Batán días atrás. Alí no creía que le fueran a dictar la absolución, estaba convencido de que la condena no sería de cumplimiento efectivo y que podría salir en libertad. Curiosa justicia la de Argentina: los encartados en grandes negociados, siempre encuentran el modo de zafar. Los acusados de violar los derechos humanos, la legislación que los libra de la prisión.

Es lo que se llamaba en tiempos no lejanos «justicia de clase».