Menem "va a ir preso", dijo la diputada Carrió

El menemismo se abroqueló detrás de su jefe y arrancó de los legisladores de esa tienda política un pronunciamiento dirigido a presionar más al gobierno que al juez Jorge Urso, que sigue el caso: amenazaron con no votar ninguna ley si no se le despeja el horizonte al ex mandatario. ¿Está el justicialismo alineándose detrás de Menem? Por ahora el grito de alerta ha sido proferido, pero difícilmente haya incondicionalidades. El viejo partido que creó Juan Perón esta fraccionado por intereses contrapuestos y gran parte de los gobernadores peronistas ha criticado a Menem por oponerse virulentamente al ministro de Economía, Domingo Cavallo, y que se haya pronunciado por la dolarización y en defensa del inminentemente defenestrado titular del Banco Central, Pedro Pou.

De todos modos, hoy Menem encabezará un plenario del Consejo Superior partidario, que él encabeza, al que prometieron ir hasta sus enemigos, como Carlos Federico Ruckauf, gobernador bonaerense, y Eduardo Duhalde, fracasado aspirante presidencial.

La posición menemista luce como una confesión: piden que el gobierno presione al juez, que viole la división de poderes, una actitud normal en la década pasada y que ha sido uno de los motivos por que fuera derrotado el peronismo en octubre de 1999. El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, hermano del presidente, no piensa mover un dedo, aunque no escasean comedidos cercanos al radicalismo que buscan junto con operadores del menemismo en el Poder Judicial una salida que deseche las perspectivas de que Menem quede detenido si es llamado a declarar por Urso, como lo pidió el fiscal Carlos Stornelli.

Este aclaró que no sabe qué actitud adoptará el juez, pero si Urso se negara a convocar al ex presidente, es altamente probable que recurra a la Cámara Federal de Apelaciones, que es la que, precisamente, indicó al juez que «buscara hacia arriba» para conocer al jefe de la «asociación ilícita», calificación que adoptó el tribunal de alzada, de gran prestigio en los medios tribunalicios.

Al presidente Fernando de la Rúa le cayó pesado el pedido de Stornelli: está copiloteando con Cavallo la tormenta económica, y ruega por que no se añadan factores de «perturbación». Además, está pendiente que el fiscal pida la comparencia del ministro de Economía, como lo recordó Stornelli ayer. Cavallo es el único de los ministros del menemismo que firmó los decretos que no ha sido convocado por el juez. Tendría una vía de escape: la norma reservada impedía a la Aduana, que entonces controlaba el Ministerio de Economía, que revisara el cargamento y su destino.

«Va a ir preso», dice Carrió

La diputada radical disidente Elisa Carrió vaticinó que el ex presidente «va a ir preso junto a muchos otros más» por la causa de las armas. «Sí, va a ir preso porque nadie puede frenar toda la verdad, pero no sólo Menem, van ir presos muchos otros más», pronosticó la legisladora. Una idea parecida tiene el abogado Ricardo Monner Sans, la locomotora de este expediente que el inició de hecho cuando denunció el ilícito en marzo de 1995.

No son datos menores que el hombre que gobernó y transformó a la Argentina durante la última década del siglo pasado, así como la persona que en los últimos años controló al Banco Central, esté cuestionado por los tribunales y una comisión parlamentaria. Además, tanto Menem como Pedro Pou aparecen ligados a una trama vinculada con la actual desestabilización económica. O uno de los polos de disputa en el seno de las capas dominantes de este país, que pregona la dolarización como seguro para los intereses de los tomadores de la divisa norteamericana y, para muchos analistas, a favor de los especuladores.

Aunque es difícil saber por dónde pasa la división entre política y justicia, hay un hecho irrebatible: el expediente del caso de las armas estaba aletargado hasta que la Cámara Federal lo agilizó obligando a Urso a no olvidarse del caso. Los jueces federales que eran miembros de número de la academia del menemismo saben, por lo que le pasó a varios de ellos que debieron renunciar ante la posibilidad de ser destituidos y procesados, que deben atenerse a la ley.

Con la confesión del ex titular de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, implicando al ex cuñado de Menem, Emir Yoma, como su «superior» en la trama, se quebraron los diques de contención que durante casi seis años protegieron al ex presidente. Es lo que se cree en medios tribunalicios. Sería una buena noticia para los argentinos que la división de poderes se comience a respetar. Por ahora, todo está comenzando.