URIBE EN EL BANQUILLO

Al tema ya hicimos referencia en la nota del miércoles 18 «Fosas comunes en La Macarena» (las mayores del hemisferio, situadas a proximidad de un batallón militar), en las que se detallaban las conclusiones de la investigación sobre las acciones criminales de la fuerza pública y los paramilitares, a menudo en operaciones conjuntas, según testimonios recogidos entre 800 pobladores de la zona. En una primera instancia, le respondieron a Uribe en el mismo lugar, el sacerdote Javier Giraldo S.J., el padre Mauricio García, así como los congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba y la propia Gloria Inés Ramírez. Esta última, en la Constancia emitida desde el Senado, tras destacar la amplitud de las delegaciones internacionales participantes, señala que las denuncias efectuadas provocaron «una brutal reacción» del presidente Uribe, que en un acto realizado el 25 de julio en el fuerte militar de La Macarena dijo que hasta allí habían venido los enemigos de la Seguridad Democrática para calumniar al ejército, los calificó de terroristas y agregó que «el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacreditar a la fuerza pública y la sindica de violación de derechos humanos». La senadora Ramírez replica: «Al calificar de terroristas a las víctimas, a los defensores de DDHH y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les está diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando que somos objetivo militar». Ya se sabe lo que esto puede significar en la Colombia de hoy.

Expresa más adelante: «No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron los crímenes; no se oye una sola promesa de investigación; todo lo contrario, se hace una exhortación a continuar la guerra». Y luego: «El desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia es responsabilidad única y exclusivamente de quienes cometen crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población civil indefensa». Subraya que el único propósito de las denuncias es que las autoridades competentes investiguen exhaustivamente los gravísimos hechos denunciados y sancionen a los culpables.

Concreta el señalamiento de la política represiva y violadora de los DDHH por parte del aún presidente en este párrafo destacable: «Lo cierto es que la ‘parapolítica’, la ‘Yidispolítica’, los ‘falsos positivos’, las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS y de otras agencias gubernamentales, los repartos de dinero del Programa Agro Ingreso Seguro, las conspiraciones contra la Corte Suprema de Justicia y las demás actuaciones deleznables del actual gobierno, no pueden terminar con la condena de unos pocos, en general mandos medios, y amparar con la impunidad a los principales responsables. La Justicia tiene el grave encargo de sentar precedentes para que en el futuro no se repitan hechos tan funestos. Ahí radican los desesperos del presidente Uribe, que cree que insultando, agrediendo y calumniando va a escapar al examen de la historia y al veredicto de la Justicia».

Ahí radica el quid de la cuestión. Y está en el trasfondo de su conducta provocativa en la OEA contra Venezuela. Ese mismo día, además de saltar a la luz pública el tema de las fosas de La Macarena, el ex jefe de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, imputó directamente al presidente Uribe las órdenes para efectuar las «chuzadas» (espionaje telefónico y por otras vías) y demás actos delictivos cometidos desde ese organismo de inteligencia estatal, dependiente de la presidencia. Este sistema de espionaje afectaba a los magistrados, dirigentes de la oposición, militantes sindicales, sociales y de DDHH, y muchas veces era el preámbulo de asesinatos y acciones represivas. Todo esto estaba presente ayer en el debate de Unasur en Quito.