FOSAS COMUNES EN LA MACARENA

Una opinión generalizada señala que Uribe promovió con gran estruendo el ataque contra Venezuela en la OEA para tapar éste y otros hechos represivos de su gobierno, que llega a un final sin gloria.

Durante una visita a la base militar de La Macarena, donde presidió una reunión del Consejo de Seguridad, Uribe dijo que no había fosas comunes en la zona y que «aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática a alimentar calumnias contra el ejército de la patria». La senadora Gloria Inés Ramírez, que coordina la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, organizadora de la audiencia, le respondió con testimonios de familiares de las víctimas, muchos de ellos por obra de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las brigadas móviles 2, 3, 10 y 11 de la fuerza de tarea conjunta Omega. Al respecto ya existen 449 expedientes documentados de personas que eran llevadas por el ejército y ahora aparecen como N.N. Allí fue exhibido un video (difundido después por canales colombianos y por Telesur) que muestra el espectáculo dantesco de exhumación de los cadáveres. La senadora Piedad Córdoba expresó, en reunión con familiares de las víctimas, que algunos estaban descuartizados, otros con las botas colocadas al revés. En las imágenes se ve también que existen tumbas excavadas en momentos diferentes, separadas entre sí por menos de un metro y señaladas por el mismo tipo de cruz.

Se difundió también el testimonio vertido en esas audiencias por Luis González en nombre de la Comisión de Justicia y Paz, según el cual han sido registrados 44 mil delitos cometidos por los paramilitares, a los cuales están vinculados no menos de 89 miembros o ex miembros del Congreso y 189 alcaldes, en su inmensa mayoría de la facción uribista.

El jurista Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH en Colombia y que acompañó a una delegación de parlamentarios europeos a la zona cuando comenzó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena, declaró: «Lo que vimos fue escalofriante. Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy». Agregó: «El comandante del ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores de derechos comunitarios que desaparecieron sin dejar rastros».

Todas estas declaraciones se efectuaron en el marco de la audiencia pública sobre «La crisis humanitaria en los Llanos Orientales», convocada por la Comisión mencionada del Senado y a la que asistieron unos 500 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Guéjar, Guaviare y del departamento del Caquetá, quienes estuvieron acompañados por una numerosa delegación extranjera, compuesta por diez dirigentes sindicales, seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos, así como de abogados, dirigentes de ONG de DDHH nacionales e internacionales, miembros del Congreso y del gobierno colombianos. Uno de los propósitos explícitos de la convocatoria consistía en dar impulso al acuerdo humanitario y a la solución negociada del conflicto interno que desde hace más de 45 años afecta al país. Las delegaciones certificaron la existencia de la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

En un total de 16 horas de grabación de video, se entregaron 58 declaraciones por parte de familiares de víctimas, sobrevivientes y testigos, consignadas en un cuadro, uno por uno.

Se refieren a 6 desapariciones forzadas por obra de paramilitares, 9 cometidas por unidades militares como las brigadas móviles 2, 3, 10 y 11, otras 8 ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y una más por acción conjunta de éstos con el ejército, 25 ejecuciones extrajudiciales por militares de la fuerza de tarea Omega, 16 detenciones arbitrarias que derivaron en 33 meses de prisión, otros casos de tortura por el ejército y 5 asesinatos sin información.