PERSPECTIVAS HONDUREÑAS

Se ha resuelto asimismo impulsar una campaña de firmas a favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Ya se han recolectado más de 650 mil firmas en todo el país, y el objetivo es llegar a 1,2 millones al 15 de setiembre próximo.

En Tegucigalpa, los trabajadores estatales, los docentes, los estudiantes junto a otros sectores nutrieron la columna convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Otros cientos de militantes del Partido Liberal de Zelaya confluyeron con ellos en la manifestación. La concentración se inició en la Plaza del Sol, al oriente de la capital, y no pudo llegar hasta la Casa de Gobierno, como era su objetivo, porque se lo impidieron camiones repletos de efectivos del ejército y la policía. En La Esperanza, departamento de Intibucá, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) organizó tomas de carreteras en el marco de un paro cívico.

Pese a la fuerte presencia militar y policial que generó cierta tensión a lo largo del recorrido, la manifestación de la resistencia llegó hasta el local donde se instaló de la Comisión de la Verdad. Ante una sala abarrotada brindó su informe Juan Almendares, miembro de la Plataforma de Derechos Humanos, quien expresó el compromiso de investigar todos los pormenores del golpe y la represión posterior. Integran la Comisión miembros de reconocido prestigio como el sociólogo belga François Houtart, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiña, el magistrado español Luis Carlos Nieto, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la defensora de DDHH Elsie Monge, la escritora hondureña Helen Umaña y el padre Fausto Milla.

El 10 de junio fue el propio presidente Porfirio Lobo quien denunció que en el país se respiraba un «clima de golpe». Eso no le impidió viajar al Mundial, aunque su estadía duró tanto como la Selección de Honduras en Sudáfrica. Según el dirigente del FNRP Carlos Reyes, anduvo en esas vueltas el activo embajador norteamericano Hugo Llorens, quien se reunió con dirigentes políticos, de gobierno y de diversas organizaciones. Reveló otro dato de extraordinaria importancia: que Lobo inauguró en abril pasado una base naval en la zona de La Mosquitia, rica en agua y petróleo, que se suma a la gran base militar de Palmerola, establecida por EEUU en 1984 a 70 kilómetros al norte de la capital, la cual desempeñó un importante papel en el golpe y donde hizo escala el avión que llevó a Zelaya, secuestrado en la madrugada del 28 de junio, hacia Costa Rica.

Esto coloca nuevamente sobre el tapete la participación de EEUU en el golpe, a lo cual volvió a referirse Zelaya desde su exilio en la Dominicana. Señaló que aunque el Departamento de Estado negó toda vinculación, los hechos conocidos este año muestran que el golpe fue planificado por el Comando Sur de EEUU en la base de Palmerola y «ejecutado torpemente por malos hondureños». Explicitó que «los autores intelectuales de este crimen obedecen a una asociación ilícita de los viejos halcones de Washington con hondureños, propietarios de capitales y sus socios de subsidiarias norteamericanas y agencias financieras». Dijo también que Porfirio Lobo no procede contra los golpistas «por subordinación a Washington». (Más bien son ellos los que le indicaron que llegado el caso lo sacarán de la troya como hicieron con Zelaya). Todo esto explica que la secretaria de Estado Hillary Clinton haya procurado por todos los medios reincorporar al régimen de Lobo a la OEA y a la comunidad internacional. El último caso fue en la asamblea general de la OEA en Perú, pero solo la acompañaron los gobiernos de Perú y Colombia, y Honduras quedó fuera. Se recuerda también que en la reunión de la OEA efectuada en San Pedro Sula, Honduras, antes del golpe, se revocó el decreto de enero de 1962 que expulsó a Cuba del sistema interamericano.

El lunes la CNN hizo un extenso programa sobre los sucesos del 28 de junio, y allí vimos nuevamente al ínclito Micheletti proclamar a voz en cuello que no se trató de un golpe de Estado. Igual que los golpistas uruguayos, que prohibieron atribuir intenciones dictatoriales al gobierno impuesto el 28 de junio de 1973.