Noriega juzgado por lavado de dinero

El primer día del juicio a cargo de la sala XI del Tribunal Correccional de París presidido por la jueza Agnés Quantin ­que concluirá el miércoles­, se desarrolló en presencia del ex militar de 76 años, quien sólo indicó que hará uso de la palabra hoy martes.

Noriega, hombre fuerte de Panamá entre 1981 y 1989, permaneció sentado en un habitáculo de la sala, asistido por una traductora y en presencia de sus tres hijas, Lorena, Sandra y Thays.

Extraditado el 27 de abril de Estados Unidos, donde cumplió 17 años de cárcel por complicidad en tráfico de drogas del cártel de Medellín, el ex dictador panameño, a quien apodaban «cara de piña», podría ser condenado a 10 años de cárcel, la misma pena a la que fue sentenciado en ausencia en 1999 por el Tribunal Correccional de París, que le impuso también una multa de 13,5 millones de euros. Los abogados de Noriega, Yves Leberquier y Olivier Metzner, insistieron en que Francia no cumplió su compromiso ante Estados Unidos de respetar el estatuto de prisionero de guerra que le otorgó la Justicia estadounidense y defendieron su inmunidad como jefe de Estado. Meztner pidió directamente la «nulidad de la extradición de Noriega aun cuando suponga su expulsión hacia Panamá». El reconocido penalista financiero sostuvo que Noriega debería gozar de la inmunidad de un jefe de Estado que le brindó un «gran servicio» a Estados Unidos hasta la invasión de Panamá en 1989, cuando «dejó de ser el protegido» de Washington.

Recordó que Francia lo distinguió como «jefe de Estado» en 1987 cuando lo condecoró con la Legión de Honor, distinción que Noriega llevaba el lunes en la solapa de su traje azul marino, camisa celeste y corbata roja, pero que Francia le retirará si es condenado. Leberquier hizo hincapié en las «condiciones inaceptables» de detención de Noriega en la cárcel parisina de La Santé y reclamó condiciones «dignas».

Panamá, querellante civil, que pidió a Francia la extradición de Noriega para que cumpla una condena por la muerte de un opositor en 1985, estaba representado en la sala por su cónsul en Francia, Arístides Gómez de León, y por los abogados, Yves Baudelot y Benoit Lavagne. Baudelot rechazó el estatuto de prisionero de guerra de Noriega y su inmunidad como jefe de Estado. «Estamos hablando de tráfico de droga. De alguien que tenía relaciones particulares con (el cártel) de Medellín (…) para fines personales», afirmó. Panamá pedirá «reparación por perjuicio moral y material por 27 millones de euros», anticipó una fuente diplomática panameña.

El fiscal Michael Maes rechazó el argumento de prisionero de guerra y la inmunidad como jefe de Estado pues ya no está en ejercicio.

Tras una breve pausa, Quantin leyó partes de la instrucción referidas a las operaciones financieras que desembocaron en los depósitos en cuentas bancarias en Francia de 15 millones de francos (2,3 millones de euros). Mencionó varios de los testimonios recogidos por la Justicia estadounidense que señalan a Noriega por haber recibido dinero a cambio de permitir el tránsito por Panamá de aviones cargados con cocaína del cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, rumbo a Estados Unidos en la década de los 80. Noriega siempre afirmó que el dinero provenía de su fortuna personal.