Alarma por varios episodios brutales de justicia indígena

La aplicación de la justicia indígena en Ecuador y Bolivia se ha materializado en el último mes en el linchamiento de policías y la tortura, quema o flagelación de supuestos delincuentes, poniendo en aprietos a los gobiernos que impulsaron incluir en la Constitución esta justicia paralela.

Aborígenes quechuas bolivianos lincharon la semana pasada a cuatro agentes de la unidad antirrobos, a quienes acusaron de ser ladrones de automóviles, algo que la comandancia de la Policía rechaza.

Los indígenas se negaron por varios días a entregar los cuerpos, enterrados en tres diferentes poblaciones, porque exigían a los familiares desistir de cualquier acción judicial en represalia; finalmente los cadáveres fueron devueltos.

En Ecuador, dos personas fueron quemadas vivas el domingo en otro caso en que los autores ­uno de ellos Mario Alvarado­ fueron detenidos y acusados luego de asesinato, pese a que se escudaron en el permiso para aplicar la «justicia indígena».

«Procedieron a someterlos, amarrarlos de las manos, se presume que también de los pies, los golpearon, y después Alvarado trajo gasolina, les echó en el cuerpo y los incineró hasta que se quemaron totalmente», relató a la AFP Pío Palacios, fiscal de la provincia amazónica de Orellana.

Agregó que los verdugos también pusieron ají en los ojos de las víctimas.

En casos similares otras siete personas fueron recientemente azotadas en Ecuador, entre ellas un nativo que fue salvado de morir en la horca gracias a las advertencias del gobierno de Rafael Correa.

Orlando Quishpe fue obligado a cargar un pesado saco de tierra, azotado con ortiga y bañado en agua fría en pleno páramo, y luego de ser atado a unos maderos recibió 15 latigazos en público.

Entre 2007 y 2009 se registraron 80 ajusticiamientos en Bolivia, en su mayoría en las periferias de ciudades como El Alto (vecina de La Paz), Santa Cruz y Cochabamba, las principales y más pobladas del país andino, según la Defensoría del Pueblo.

La Carta Magna boliviana de 2009, promovida por el presidente Evo Morales, prevé que las comunidades indígenas ejerzan «funciones jurisdiccionales» aplicando sus «normas y procedimientos», pero explicita que la misma «respeta el derecho a la vida».

Mientras en la Constitución ecuatoriana de 2008, impulsada por Correa, se exige que estos mecanismos «no sean contrarios» a ese texto y «a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales».

El mandatario ecuatoriano advirtió que «habrá que reglamentar» esa conducta. El líder nativo Santiago Santi respondió que «no hay credibilidad en la justicia común» y que «cuando hay un dictamen en la jurisdicción indígena, la justicia común tiene que acatar».

«Hay un vacío en la ley respecto a la aplicación de la justicia indígena pues no hay una ley secundaria», expresó el fiscal ecuatoriano Washington Pesántez.

El gobierno de Morales, de tendencia izquierdista, planea una ley de deslinde jurisdiccional para que la «justicia comunitaria» sea ejercida sólo en poblados indígenas, con autoridades propias y legalmente reconocidas, mientras que la barrial será considerada delito.

«No es posible tantos signos de muerte, linchamientos sin ley, que no se haga justicia rápidamente, que se siga sembrando el temor», declaró hace poco el jerarca de la iglesia católica boliviana, cardenal Julio Terrazas.

Manuel Sánchez, fiscal de la provincia ecuatoriana de Bolívar, calificó a su vez de «tortura» la tradición indígena de flagelar a los infractores con ortiga y bañarlos con agua helada.

Empero, Ricardo Chaluisa, dirigente de una comunidad, sostuvo que esas prácticas son parte de «una forma de limpiar el cuerpo y el espíritu» en Ecuador, donde se han registrado 2.105 casos de «justicia indígena» por las fiscalías de cinco de las 24 provincias desde 2008.

Sin distinción, los aborígenes se encargan de juzgar todo tipo de casos como robos, violaciones y asesinatos. Los adulterios y vicios como el alcoholismo tampoco escapan de ser castigados con el látigo.