RESOLUCIONES CONTRA CARRERA NUCLEAR IRANI

El nuevo proyecto a estudio en el Consejo de Seguridad de la ONU para sancionar a Irán por su programa nuclear tiene como precedente otras resoluciones ignoradas por la República Islámica, que mantiene el enriquecimiento de uranio pese a la presión de la comunidad internacional. Desde 2006, cinco resoluciones conciernen al programa nuclear iraní, tres de ellas con sanciones para Teherán, que niegan los fines bélicos de los que se lo acusa en el seno del organismo:

 

­ 23 de diciembre de 2006:

La resolución 1737, adoptada por unanimidad, exige a Teherán la suspensión de sus actividades nucleares sensibles, y determina que todos los Estados miembros de la ONU deben impedir el suministro a Irán de material o tecnología que pueda contribuir a sus programas nucleares y balísticos.

También llama a los Estados miembros a la vigilancia respecto al ingreso o pasaje por sus territorios de personas implicadas en esos programas (una lista con doce personalidades será notificada a un comité del Consejo de Seguridad) y a congelar fondos y haberes financieros de esas personas y de diez entidades.

 

­ 24 de marzo de 2007:

La resolución 1747, adoptada por unanimidad, refuerza y amplía el alcance de las sanciones impuestas por la 1737, que Teherán ignoró, además de acelerar sus operaciones de enriquecimiento de uranio.

Este texto incluye un embargo sobre las compras iraníes de armas y restricciones voluntarias a ventas de armamento a Irán. También prevé restricciones en el plano financiero y comercial, y sobre los viajes de personalidades iraníes asociadas al programa nuclear o vinculadas al cuerpo de elite de los Guardianes de la Revolución. Asimismo, amplía las listas establecidas por la resolución 1737 para el congelamiento de haberes y fondos a instituciones y figuras implicadas en los programas nuclear o balístico (añade 13 entidades y 15 personalidades).

 

­ 3 de marzo de 2008:

La resolución 1853 adoptada casi por unanimidad ­14 votos a favor, una abstención­ impone nuevas sanciones, particularmente la prohibición de viajar a los funcionarios iraníes implicados en los programas nucleares y balísticos, y la inspección de cargamentos hacia y desde Irán, en caso de sospechas de que contengan bienes prohibidos. Llama a los Estados miembros a permanecer vigilantes, en especial sobre las transacciones con los bancos iraníes (Melli y Saderat). Además, endurece el régimen de sanciones económicas y comerciales vigentes a partir de las dos resoluciones precedentes, y propone incentivos a Teherán, como el apoyo a su programa nuclear civil a condición de poder inspeccionar sus actividades sensibles.