Catastro de procesos en Chile

Victor Vaccaro – Chile

Coincidiendo con la celebración en Santiago del seminario sobre «las Comisiones de Verdad y los nuevos desafíos en la promoción de los Derechos Humanos» a la que asisten los ex presidentes de Chile Patricio Aylwin, de Argentina Raúl Alfonsín y el español Felipe González, la Corte Suprema local anunció la confección de un catastro nacional de los juicios pendientes desde un cuarto de siglo por desapariciones, secuestros y asesinatos de detenidos políticos durante la dictadura militar. Con este informe solicitado a las distintas Cortes de Apelaciones del país, así como al Tribunal Marcial y al de la Armada, la máxima jerarquía judicial acoge el clamor de los familiares de las víctimas y sus abogados, en un nuevo paso que se considera decisivo hacia una agilización de centenares de causas mediante la designación de jueces que con dedicación exclusiva culminarán las congeladas investigaciones estableciendo lo ocurrido en cada caso, las eventuales sanciones y el paradero de los restos.

Los abogados que integraron la Mesa de Diálogo y particularmente Pamela Pereira, propusieron hace unos meses la nominación de jueces adjuntos en los distintos tribunales que instruyen procesos por graves violaciones a los derechos humanos, de manera que los magistrados titulares se dedicaran a tiempo completo al esclarecimiento de esos casos. El gobierno respaldó esta idea asegurando la entrega de recursos materiales y financieros adicionales al Poder Judicial, la policía y el Servicio Médico Legal para asumir esta tarea.

Ahora, el Tribunal Supremo asume esta propuesta al ordenar por primera vez la realización de un informe sobre el número de procesos pendientes o sobreseídos temporalmente, lo que le permitirá establecer la cantidad de magistrados que se liberarán de otras responsabilidades para dedicarse íntegramente a la solución de las atrocidades hasta ahora sin sentencia.

Hasta hoy la única información disponible es la reunida hace diez años por la Comisión Rettig, la que estableció 2.298, de las cuales 1.319 fueron asesinadas y 979 detenidas y desaparecidas por los aparatos represivos de la dictadura. Por su parte, la Corporación de Reparación creada por el Presidente Aylwin estableció otros 899 casos de los cuales 776 figuran como fallecidos y 123 como desaparecidos. La abogada Pereira destacó la decisión de la Suprema porque «permitirá la agilización de los procesos que llevan años tramitándose y que no han arribado a los resultados que las familias y la sociedad chilena esperan, dando curso a una investigación real que permitirá conocer el paradero de muchos detenidos desaparecidos».

También la valoró el Presidente Lagos al intervenir en el seminario, cuando señaló: «Esa es la lección común que sacamos de esas situaciones: nunca más la violencia como un medio de acción política, nunca más la destrucción del Estado de Derecho, nunca más la comisión de horrores so pretexto de bienes superiores que queremos cautelar». Por los mismo, llamó a la comunidad mundial a aprobar el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y la defensa supranacional de los derechos humanos.