Chile reformará Constitución autoritaria

Por Víctor Vaccaro – Chile

 

Las negociaciones políticas para concordar con la oposición –única posibilidad de que sea aprobada– una profunda reforma a la Constitución autoritaria impuesta por Pinochet en 1980 en un plebiscito sin garantías, han avanzado a tal punto en el seno de la Comisión especializada del Senado, que la propuesta para cerrar la larga transición chilena a la democracia podría quedar lista al concluir este mes, para ser debatida y votada por el pleno de la Cámara Alta antes de que finalice mayo. Pero aunque así fuera, perduran obstáculos que hacen improbable su entrada en vigencia antes de las elecciones parlamentarias de diciembre próximo, como reclama la mayoría de los chilenos.

No obstante los importantes avances logrados en los últimos dos años en materia de verdad y justicia respecto a las masivas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, el presidente Ricardo Lagos ha advertido que mientras no se desaten los nudos antidemocráticos con los que aquélla amarró a los chilenos, éstos y la opinión internacional no darán por cerrado ese negro capítulo de la historia nacional.

Por lo mismo los dos gobiernos anteriores de la Concertación y con más énfasis el actual, han propuesto al Congreso distintas enmiendas para terminar con los senadores designados y vitalicios, recuperar para el Presidente la facultad de decidir los ascensos y retiros de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden, suprimirles a éstas la condición de «garantes de la institucionalidad», modificar la composición y facultades del Consejo de Seguridad Nacional y del Tribunal Constitucional, así como la reforma del desproporcionado sistema electoral binominal.

Estos y otros «enclaves antidemocráticos» han permitido a la derecha anular las amplias mayorías que adhirieron a la Concertación, burlar la soberanía popular favorable a la plena libertad, justicia y equidad y perpetuar instituciones que constituyen un bochorno universal abusando de los altos quórum que se requieren para aprobar esos cambios y de un Parlamento donde la oposición iguala a los representantes del gobierno con sólo obtener un tercio de los votos.

Pero las cosas comenzaron a variar después de que las Fuerzas Armadas reconocieron ante la Mesa de Diálogo la participación de sus miembros en crímenes de lesa humanidad y el ex dictador fue declarado reo y procesado en libertad bajo fianza como encubridor de 75 homicidios y secuestros calificados. Y aunque los negociadores han negado rotundamente que exista relación entre una y otra cosa, hay quienes sospechan que la suerte final de las reformas dependerá en gran medida del desenlace que tenga el juicio a Pinochet.

El optimismo inicial de los senadores Sergio Diez de la derechista Renovación Nacional y el socialista José Antonio Viera-Gallo –los principales negociadores en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta– ha dado paso a la incertidumbre, después de que la oposición se niega a renunciar a las ventajas del sistema electoral binominal, cuya modificación es irrenunciable para el oficialismo.

Así las cosas, lo más probable es que el «amplio consenso» alcanzado en reformas que interesan más a la oposición como la ampliación de las facultades fiscalizadoras del Parlamento, la reducción a cuatro años del período presidencial y la eliminación de los senadores designados o vitalicios (ya que la derecha perdió su total control y la correlación comienza a perjudicarlos), pueda complementarse con algunas reformas democráticas, pero resulta difícil que abarque todos los temas pendientes, especialmente el electoral.

En esas condiciones, desde el gobierno surgen voces favorables a lograr ahora una reforma limitada ante la alternativa de un nuevo fracaso que deje las cosas tal como lo decidió el dictador, pensando en bloquear cualquier cambio y eternizar la institucionalidad dictatorial.