Ex embajador acusado de tráfico de armas

Por Isidoro Gilbert – Argentina

 

Desde otro ángulo, el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, que está procesado como integrante de la asociación ilícita que armó el sistema para proveer armas desde el Estado, y cuya cabeza para el juez es el ex cuñado de Menem, Emir Yoma, detenido desde el sábado, declaró a la prensa que Urso debe pedir a Menem que hable de una vez sobre este asunto.

Su argumento se basa en que los decretos son indivisibles, es decir, son de responsabilidad del presidente. Hay tres firmados por Menem y un puñado de ministros, varios de ellos procesados, y faltaría Domingo Cavallo, que los refrendó en el primer mandato presidencial del riojano más conocido.

El ex ministro deslizó una idea que seguramente tomará cuerpo en la medida que avance el expediente: que los decretos pueden ser administrativos o por una «decisión política», en este caso –dice– «no son judiciables». Es un retorno a una vieja hipótesis que va y viene: que Bill Clinton cuando estuvo en la Casa Blanca pidió a la Argentina que auxiliara a Croacia. Hay numerosos indicios que esto pudo ser así, como la visita en esos días del presidente croata, Franjo Tudjman, o la condecoración a un armador chileno-croata que facilitó los traslados.

Yoma fue encartado por una confesión del ex titular de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, un íntimo del ex presidente. «El es el jefe», habría dicho. De todos modos, en el expediente judicial está asentada la acusación contra el ex cuñado de Menem. Para Monner Sans, «Sarlenga se quebró». Pero no cree que Yoma abra la boca.

 

Alguien habló

Sarlenga también implicó al ex embajador norteamericano James Cheek: le dijo al juez que el diplomático «hizo gestiones» para permitir el aterrizaje en Ezeiza del avión que desvió 5 mil fusiles y 75 toneladas de municiones a Ecuador. Como se suponía, el ex embajador y la Embajada negaron todo.

El famoso avión era parte de una pequeña flota de una compañía de fachada de la CIA y ha traído más de un problema. Camilión está procesado por no haber adoptado medidas para evitar su viaje a Ecuador, que en esos días estaba en guerra con Perú. Y el ex canciller, Guido Di Tella, también procesado, fue al menos negligente al no prestar atención a un aviso del embajador argentino en Lima, alertado por los servicios de inteligencia peruanos, de que el DC8 de la estadounidense Fine Air estaba haciendo cosas feas en Ezeiza.

Está visto por lo dicho por Camilión que ahora todos los ministros implicados, y posiblemente en algún momento el ex presidente, se amparen en el sentido político del decreto de marras autorizando ventas de armas pero a Venezuela (que jamás hizo petición alguna) y Panamá (que no tiene Ejército). Deberán explicar por qué se desvió el material por valor de 100 millones de dólares pero que a las arcas fiscales entraron solamente 40 millones y quién se quedó con el remanente, a todas luces, como se ha probado por giros que pasaron por empresas fantasmas de Montevideo, que correspondían a coimas.

Es probable que Washington haya pedido ayuda a Croacia, pero difícilmente a Ecuador, lo que desbarranca las coartadas que se buscan con desesperación. Aunque el caso llegará a la Corte Suprema, antes habrá un juicio oral y público, insoslayable.

El caso ha pasado a dominar la información política. La sola posibilidad de que Menem y Cavallo puedan ser investigados, es decir, que tengan que ir a declarar ante el juez Urso, sacude. Es que además de Monner Sans, se lo exigió implícitamente la Cámara Federal cuando le ordenó «investigar más arriba» que ministros, altos jefes militares, entre ellos el ex jefe del Ejército, general Martín Balza y altos funcionarios.

Verdadera melange que algún día debía comenzar a dilucidarse. Si así ocurre, como parece, están en fila numerosos negociados con corrupción incorporada que pueden darle sabor a la vida política argentina. Se verá.