Menem y Cavallo al juzgado por contrabando de armas

Isidoro Gilbert – Argentina

 

Por lo pronto el abogado Ricardo Monner Sans, que desde marzo de 1995 impulsa la investigación, pedirá que hoy el juez cite a Menem y a Cavallo. El ex presidente declaró que él siempre creyó que los decretos autorizaban a vender armas a Panamá y Venezuela, un argumento escasamente creíble: el primero de los países no tiene Ejército y Caracas siempre negó que haya tramitado siquiera esas operaciones.

Se supone que los acontecimientos se precipitaron después de que Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares (FM), abriera la boca, para lo que tuvo que vencer el miedo que lo acompaña desde que fue amenazado de muerte, en 1998.

Antes de que Sarlenga llegara al juzgado de Urso, la detención y la indagatoria de Yoma no figuraban en los cálculos del tribunal. Las maniobras se realizaron gracias a decretos secretos que firmó Menem con cuatro ministros. Yoma negó la acusación y exigió ser careado con Sarlenga.

Si bien el ex presidente no ha sido formalmente acusado en el fuero federal, el miércoles último una dura resolución de la Sala II de la Cámara Federal ordenó a Urso investigar la eventual participación de los «niveles superiores del Estado».

Un juez presionado

En esta causa ya se encuentran procesados los ex ministros Oscar Camilión y Antonio Erman González (de Defensa), y el ex canciller Guido Di Tella. Los tres serán indagados nuevamente porque la Sala II de la Cámara Federal dispuso que hay que imputarles asociación ilícita. La misma medida había adoptado ese tribunal respecto de Sarlenga.

Urso siempre manifestó una notoria reticencia a profundizar la investigación sobre Yoma. Sólo lo había citado dos veces como testigo, y en dos oportunidades la Sala II de la Cámara le llamó la atención al respecto.

Como se ve, el juez no tiene mucho margen para evitar que el expediente siga enriqueciéndose en fojas desde que los camaristas le reprocharon «no haber profundizado, tal como fuera sugerido por este tribunal el aspecto patrimonial», rubro en el cual incluyeron «la vinculación de Elthan Trading Co. SA y Yoma SA».

Elthan, una empresa creada en Montevideo, es propietaria de las curtiembres Yoma SA, aunque existen firmes sospechas de que Elthan sería sólo una pantalla y pertenecería a Yoma.

El primer involucrado en el caso de las armas que pareció apuntar contra Yoma fue el intermediario en las operaciones, teniente coronel (r) Diego Emilio Palleros, quien antes de huir –actualmente se encuentra prófugo en Sudáfrica– envió un escrito a Urso en el que señaló que en 1994, poco después de concretarse el penúltimo embarque a Croacia, tuvo que pagar una coima de 400.000 dólares «a un alto empresario muy conocido y altamente vinculado con el poder político estatal».

Palleros agregó que el pago de la coima tuvo que realizarlo en abril de 1994 –en marzo había zarpado el buque Ledenice rumbo a Croacia– en una cuenta que la empresa off shore uruguaya Daforel tenía en el MTB Bank de Nueva York. El MTB Bank y Daforel también canalizaron dinero del contrabando de oro a los Estados Unidos y del negociado informático IBM-Banco Nación. A su vez, el 28 de diciembre de 1994, el MTB Bank giró dos millones de dólares provenientes de Daforel a la cuenta de Yoma en el Banco Baires, una entidad involucrada en el contrabando de oro.

Si Balza contara

«Repárase que Palleros solicitó el pago de 400.000 dólares a la cuenta de Daforel en el MTB Bank New York, por lo que resulta imprescindible a esta altura de los acontecimientos» –dice la resolución de la Cámara Federal– «profundizar la pesquisa en punto a la vinculación existente entre Daforel y Elthan Trading Co., máxime cuando del expediente surge que Muhammad Yalal Nacrach, sobrino de Emir Yoma, era el presidente y único director de la sociedad durante el período que se investiga.»

¿Qué lleva preso a Yoma? La Asociación Ilícita, figura penal, que tiene una pena mínima de cinco años que la Sala II de la Cámara Federal confirmó en el caso por la venta ilegal de armas. Esa calificación fue pedida por el fiscal Stornelli a instancias de Monner Sans.

La medida, impensable hasta hace pocas horas, no se había adoptado antes con otros imputados e introduce, por primera vez, la investigación en el terreno de las presuntas coimas y rutas que pudo haber seguido el dinero pagado por los envíos ilegales de armas.

Bastó, a su vez, que la Cámara imputara a Luis Sarlenga como organizador de la asociación ilícita para que el ex interventor en Fabricaciones Militares y hombre de confianza de Carlos y Eduardo Menem señalara a Yoma como la persona que habría cumplido esa función.

Hasta ahora, Emir parecía un intocable.

Pero cuando Graciela Ocaña, diputada del Frepaso, le llevó hace un mes un escrito con los extraños aportes de capital de más de 36 millones de dólares que efectuó la empresa uruguaya Elthan Trading a Yoma SA, Urso dispuso abrir una nueva causa, que recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Además en el expediente están las declaraciones de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Yoma, quien declaró que Emir había recibido al traficante de armas y drogas sirio Monzer Al Kassar en sus oficinas.

Tremendo caso que involucra además a varios militares, entre ellos al ex jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general retirado, Martín Balza.

Es que para la Cámara Federal, las armas salieron del Ejército, no de Fabricaciones Militares. En algún momento, como supone Menem, el caso llegará a la Corte Suprema que puede indicar que las armas fueron enviadas por razones de Estado (pedidas por los EEUU). Será difícil incorporar al mismo criterio el cobro de coimas. El gobierno guarda silencio.