El juez Garzón se arriesga a perder su cargo por denuncias de ultraderecha

Garzón, de 54 años, se enfrenta actualmente a tres denuncias ante la Justicia española y el jueves el Tribunal Supremo anunció que no cerrará la causa contra él iniciada por haber investigado la desaparición de más de 114.000 personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo.

El juez, conocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal y por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, es objeto de dos denuncias procedentes de dos entidades minoritarias.

Una del sindicato Manos Limpias, calificado de ultraderechista por los medios españoles, a la que se une otra de la formación ultraderechista Falange Española de la JONS.

Ambas le denunciaron hace meses porque consideran que no era competente para efectuar esa investigación, la primera en España sobre los desaparecidos de la guerra.

Garzón, que la comenzó en octubre de 2008 y poco después la traspasó a juzgados locales, estimaba que el delito de «desaparición forzada» no prescribe, contrariamente a la Fiscalía, que se oponía a ella amparándose en una ley de amnistía española de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época.

El juez recurrió en febrero un auto del juez Luciano Varela, del Tribunal Supremo, que veía «indicios de presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta, a sabiendas de que lo es) por parte de Garzón por investigar las desapariciones a sabiendas de que no era competente».

El jueves, el Supremo anunció que la causa no se cerrará y que Varela podrá procesar a Garzón, lo que podría acarrearle la suspensión temporal de sus funciones.

«Me defenderé y demostraré la inocencia que siempre ha presidido mi actuación», respondió Garzón.

La investigación de desapariciones responde a «la interpretación de unas normas que son defendidas no sólo por mí, sino por muchos otros juristas», alegó.

«Era un recurso muy fundamentado, con argumentos de fondo, de forma, con alegación de jurisprudencia internacional y (…) eso al parecer no ha sido valorado hasta el momento», lamentó.

Y este viernes, varias asociaciones españolas antifranquistas interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que piden el cierre de la causa contra Garzón en el Supremo.

En su defensa, el magistrado pidió el mes pasado que testimonien a su favor ante la Justicia española varios juristas y organizaciones internacionales que defienden la jurisdicción universal.

Entre ellos Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Eugenio Raúl Zaffaronni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, y Juan Guzmán, juez chileno que abrió varias causas a responsables de la dictadura de Pinochet.

Y esta semana, más de 200 organizaciones de derechos humanos y juristas de todo el mundo se solidarizaron con él, entre ellas las Abuelas de la Plaza de Mayo argentinas.

Garzón sufrió además el jueves otro revés, ya que un juez anuló las escuchas telefónicas ordenadas por él a presuntos implicados en el escándalo de corrupción «Gurtel», que salpica a responsables del opositor Partido Popular (PP, conservador), que estalló en 2009.

Por esta investigación se enfrenta a otra denuncia por «prevaricación».

El magistrado, que tiene en su haber importantes casos anticorrupción y contra el terrorismo y el narcotráfico, es objeto también de una denuncia, admitida por la Justicia, de dos abogados por 200.000 euros cobrados por unos cursos patrocinados por el banco Santander en la universidad de Nueva York en 2005 y 2006.

Hace dos semanas, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió a Garzón y alabó su «valentía» en la «lucha contra el terrorismo de ETA».