ESPERANZA DE DOS LIBERACIONES

A lo largo de semanas el gobierno colombiano no hizo lugar a la reiterada propuesta de las FARC. Tampoco quiso hacerlo antes de las elecciones legislativas del 14 de marzo, entre otras cosas para no darle una carta de triunfo a la senadora Piedad Córdoba, contra la cual se ha dirigido una vitriólica campaña de las huestes gubernistas y sus medios de difusión. Campaña que resultó estéril, dicho sea de paso, porque fue reelecta como senadora del Partido Liberal, y mantiene vivo su empeño humanitario, tal cual lo apreciamos en un extenso reportaje en Telesur. En lo inmediato, está en juego la liberación de dos uniformados, Pablo Emilio Moncayo y Josué Daniel Calvo, así como la entrega de los restos del mayor Julián Ernesto Guevara, fallecido en cautiverio. Por el primero ha llevado a cabo una lucha incansable su padre, el profesor Gustavo Moncayo, el eterno caminante que la senadora calificó como un ícono de la lucha por el intercambio humanitario. Se cuenta con la buena voluntad de Brasil, cuyos helicópteros ya están en la zona fronteriza, en la «cabeza de cachorro». El epicentro del operativo sería la ciudad de Villavicencio, donde estarán desde hoy los garantes de la operación. Las FARC ya entregaron también los protocolos de seguridad. La Cruz Roja (que participa decididamente en el operativo, así como la iglesia) y los familiares han sido notificados. La última novedad es que las dos liberaciones se producirían por separado. Lo único que estaría faltando es la aprobación final del gobierno colombiano. La senadora dijo que espera que el gobierno respete el protocolo de seguridad. En el mismo sentido se pronunciaron Colombianos y colombianas por la paz. Existe un documento suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Cruz Roja. La CNN decía a esas horas que hay esperanza de que se concreten las liberaciones.

La senadora avizoró también las próximas etapas. El proceso que debe seguir es el intercambio humanitario de prisioneros de uno y otro bando. En ese sentido se ha solicitado una entrevista con el Alto Comisionado por la Paz. Estima que ello debe emprenderse mediante una negociación política antes de que se retire el actual gobierno, aunque no se le ocultan de las dificultades de la empresa.

Ahora bien: como sucede invariablemente cuando se está a punto de culminar una operación política relevante, como es el caso, aparece en escena un atentado mortífero, que patea el tablero de las negociaciones, las saca del centro. Es lo que aconteció en este caso con el atentado en Buenaventura, el gran puerto colombiano sobre el Pacífico, en la mañana del miércoles 24. La explosión de un coche bomba en pleno centro, cerca de la Fiscalía, produjo un número de muertos que ayer se elevaba a nueve y una treintena de heridos. De inmediato se lanzó una tremebunda campaña mediática para acusar a las FARC, aunque las propias autoridades fueron cautelosas al respecto. El general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Armadas, nombró a la guerrilla en la lista de posibles autores del atentado, pero mencionó asimismo a las bandas de narcotraficantes y a los paramilitares que actúan en la zona. El hecho es que se trata de una región intensamente disputada, y también puede tratarse de operaciones de retaliación contra ciertas acciones de lucha contra el narcotráfico. Este hecho podría impactar en la continuidad del proceso en marcha.

En ese marco, volvió a colocarse sobre el tapete la situación de Colombia en materia de vigencia de los derechos humanos. La Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas declaró que la amenaza contra los derechos humanos aumenta en el país, y se recordó que numerosos legisladores del uribismo están presos por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo (y muchos de los que están recluidos en la cárcel de La Picota hicieron elegir a sus familiares más próximos). Se registran no menos de 1.700 muertes como «falsos positivos» mientras Juan Manuel Santos desempeñó el ministerio de Defensa, y asesinatos selectivos de periodistas, como el de Clodomiro Castilla, director de la revista El Pulso del Tiempo de Córdoba por denunciar los vínculos de ganaderos y políticos con los paramilitares y el robo de tierras en ese departamento.