"Un personaje fascista"

La Habana, Reuters

 

En un discurso de dos horas Castro, frente a 1. 500 legisladores asistentes a la Conferencia de la Unión Interparlamentaria, criticó el gobierno Bush y ridiculizó sus acusaciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.

Castro señaló que la nominación del cubano-norteamericano Otto Reich, al que denominó «un personaje sórdido de mentalidad fascista», para el puesto principal del Departamento de Estado en las relaciones con América Latina, revelaba el «desprecio palpable» de Bush hacia la región.

Reich, un ex embajador en Venezuela, trabajó también en la controvertida estrategia de la administración de Ronald Reagan contra los sandinistas en la Nicaragua de la década de los 80.

El mayor escándalo de la administración Reagan tuvo que ver con el comercio de armas con Irán a cambio de dinero que era enviado a la Contra, violando las leyes norteamericanas.

«Violó leyes y demostró total falta de ética… Muchos gobernantes latinoamericanos no son nada felices», dijo Castro

Castro se refirió también al tema que domina la atención en Cuba estos días: la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que se pronunciará próximamente sobre la situación de los derechos humanos en la isla caribeña.

Cuba es criticada con frecuencia por limitar la libertad de expresión dentro de su sistema unipartidista socialista y esta semana durante la Conferencia de la UIP se oyeron voces, las más fuertes de España y Alemania, urgiendo a La Habana a convocar «elecciones libres» y respetar los «derechos políticos».

«Nadie pretenda enseñarnos lecciones de historia o política tratando a los líderes cubanos como niños prescolares», dijo el veterano líder.

También varias delegaciones extranjeras aprovecharon para reunirse con destacados disidentes cubanos, que Castro volvió a calificar en su discurso de mercenarios financiados por Estados Unidos. «La Revolución conoce el jueguito de todos … aquellos que han convertido en una industria el oficio de disidente», dijo.

Y desafió a los legisladores a encontrar en las calles un caso de tortura o asesinato llevado a cabo por el Estado.