Autorizan extradición a EEUU de ex presidente

«Este tribunal declara procedente la solicitud de extradición formulada por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Alfonso Portillo, sindicado de los delitos de conspiración para realizar lavado de dinero», indica la resolución del Tribunal Quinto de Sentencia.

No obstante, el ex gobernante no será extraditado hasta que dilucide su situación en Guatemala, donde tiene un proceso abierto por peculado cuando realizó transferencia por 15 millones de dólares del ministerio de la Defensa a un banco estatal y por el que fue extraditado desde México en 2008.

Portillo adelantó que apelará el fallo al considerar que su caso es político. «He perdido una batalla, pero esto no se ha terminado y no me daré por vencido», dijo Portillo momentos después de escuchar la resolución. Aunque el fallo reconoce que el convenio de extradición entre Guatemala y Estados Unidos firmado en 1903, no establece lavado de dinero, la decisión se fundamenta en que los dos países ratificaron en 2006 la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que incluye ese delito. «En la convención ambos países se obligan a perseguir todas aquellas actividades ilícitas que se contemplan en el artículo 23 y derivado de ello Guatemala promulga la ley de lavado de dinero en el 2001, con lo que se le da vida al ilícito contenido en la misma», aclara.

El inicio de la audiencia se vio ensobrecida luego de que tres magistrados recibieran una llamada telefónica con amenazas de muerte contra sus familias, según la jueza titular, Morelia Ríos.

La defensa del ex presidente insiste en que el proceso de extradición a Estados Unidos es ilegal debido a que México, que dio el aval, se extralimitó en sus funciones, según el abogado Telesforo Guerra.

Portillo, al tomar la palabra durante 45 minutos, descalificó la acusación estadounidense. Es «descabellada, burda y eminentemente política, una maniobra descarada, malintencionada de parte de quienes fraguaron y establecieron que debían extraditarme a Estados Unidos». Se trata, dijo, de un juicio «eminentemente político» y de «revanchismo» porque durante su mandato se negó a apoyar «la invasión en Irak» en 2003.

Según la denuncia estadounidense, los recursos malversados provenían del erario guatemalteco, así como de donaciones del gobierno de Taiwán para programas educativos y que fueron a parar a cuentas familiares en Europa y el Caribe.