OPINION INTERNACIONAL

APUNTES DE LA ELECCION COLOMBIANA

En lo sustancial, el panorama político se mantuvo sin cambios. He aquí el comentario inicial de un agudo observador colombiano: «En medio de una gran abstención, de las montañas de dinero que impúdicamente lucieron la mayoría de los movimientos uribistas, de la descarada parcialidad del gobierno, del clientelismo y de los ataques mediáticos aleves contra la oposición, el país amaneció el lunes con un poco más de lo mismo».

Los partidos oficialistas se mantienen como primera fuerza electoral. Esto se refiere en primer lugar al Partido de la U (Partido Social de Unidad Nacional), creado para lanzar la reelección del presidente Uribe en 2006 y que llevará como candidato a las presidenciales a Juan Manuel Santos. Dicho partido pasó de 20 a 27 de los 102 senadores. En el mismo campo se sitúa el Partido Conservador, que obtuvo 23 senadores. En este partido hay dos candidatos a las presidenciales, que se arrancan los ojos en una durísima disputa interna: Noemí Sanín, que ocupó cargos de gobierno, y Andrés Felipe Arias, apodado «Uribito».

Pero lo realmente escandaloso es que se constituyó (siempre dentro del campo del oficialismo) un nueva formación política denominada Partido de Integración Nacional (PIN), organizada por quienes están encarcelados por sus vínculos comprobados con el narcoparamilitarismo. Se decía a voz en cuello que este partido se creó y se financió desde la cárcel de La Picota, donde están recluidos decenas de estos políticos corruptos. Pues bien: este partido tuvo una alta votación y sacó 8 senadores. En el análisis arriba citado se dice al respecto: «Se fortalecieron los movimientos del uribismo o ligados a él como el Partido Conservador, a pesar de los escándalos por el procesamiento de decenas de sus parlamentarios por vínculos con el narcoparamilitarismo. Uno de estos movimientos, que había sido disuelto porque todos sus parlamentarios están presos, fue reorganizado desde la cárcel y pusieron como candidatos a sus esposas, hermanos o tíos. Un ejemplo para escalofriarse: el senador uribista Alvaro García fue condenado a 40 años de cárcel por haber ordenado una masacre, entre otros delitos. Pues una hermana lo reemplazó en la campaña y sacó una gran votación».

El Partido Liberal mantuvo sus 18 senadores. Otra novedad es el surgimiento del Partido Verde, ecologista, encabezado por el ex alcalde de Bogotá Antanas Mokus (el de las recordadas actitudes excéntricas), que alcanzó, en esta primera presentación, 11 senadores.

El Polo Democrático Alternativo (PDA) bajó en su representación electoral, aunque al parecer no en el porcentaje de votación. Hay estimaciones de que una parte de su electorado se desplazó hacia el nuevo Partido Verde. En el mencionado estudio se esbozan algunas posibles causas internas de este resultado. Dice así: «El Polo Democrático ha tenido un importante bajón electoral aunque no tan catastrófico como se esperaba. De 11 senadores ha pasado a 8. Pudo haber sido peor. Ha cosechado el producto de la permanente confrontación pública, auspiciada por los grandes medios y el régimen y adelantada desde adentro por quienes apuestan a la disolución del Polo. El electorado bogotano, su principal baluarte, ha pasado cuenta de cobro al manejo de la Alcaldía, donde imperan no sólo expresiones de corrupción y clientelismo sino de abierto y descarado neoliberalismo». (Esto se refiere a la gestión de Samuel Moreno, que fue electo como candidato del PDA). Sin embargo, el análisis abre una puerta a la esperanza. En su conclusión señala: «El Polo sigue siendo un referente y una posibilidad. Sobre la base de recuperar su ideario y la ilusión transformadora. Proceso aún no claro que dependerá de las lecturas y balances que se hagan de los resultados electorales».

Las misiones de observadores destacaron el fenómeno masivo de la compra de votos en esta elección. «Nos inquieta la compra de votos que se presentó en varios puntos», expresa el chileno Enrique Correa, jefe de la misión de veeduría de la OEA. Y Pedro Santana, integrante de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia declaró a su turno que «el voto forzado se trasladó a una compra-venta masiva de votos con dineros del narcotráfico», en operativos de bandas armadas ilegales que derivaron de las organizaciones paramilitares.

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