EL TRASFONDO DE UNA ELECCION

Dicen los cables que «el Congreso saliente ha sido uno de los más cuestionados de los años recientes, con decenas de parlamentarios investigados por vínculos con grupos paramilitares, de los cuales 12 ya han sido condenados». No son solamente los parlamentarios quienes mantienen vínculos con estos grupos de asesinos y narcotraficantes al por mayor, sino también el vicepresidente Francisco Santos (que sostuvo contactos directos con los jefes paramilitares Carlos Castaño, su sucesor Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias «Jorge 40″), los jefes de los servicios de inteligencia del DAS como Jorge Noguera (a quien desde el 1º de marzo se le ha reanudado el juicio), así como gobernadores, embajadores y otras figuras del gobierno. Ya cayó en la volteada Mario Uribe, primo del mandatario, presidente del Senado en 2002 y diputado durante décadas, por su alianza comprobada con el grupo de los paramilitares «Los Doce Apóstoles», que mataban a los campesinos que no querían venderle sus tierras.

Agregan los cables que para estos comicios se presentaron los riesgos de infiltración de fondos ilegales, provenientes del narcotráfico y el paramilitarismo, a menudo imbricados entre ellos. Una Misión de Observación Electoral colombiana señaló campañas de hasta 3,5 millones de dólares por un escaño en el Senado, y una misión homóloga, en este caso de la OEA, hizo referencia a grupos de perfil delictivo, paramilitares y narcotraficantes, «que buscan influir de manera perversa en la política, como lo hacen en todo el mundo».

Una síntesis de este fenómeno está contenida en una nota de Juan Cendales titulada «Tumbas, cárceles y destierros en Colombia», en que alude al «escándalo de la parapolítica, que tiene en la cárcel a cerca de 50 parlamentarios del uribismo, a dos máximos jefes de la inteligencia del Estado, DAS (con una dependencia directa del presidente Uribe), a ex embajadores, entre muchos otros, por sus vínculos y acuerdos criminales con el paramilitarismo». En un intento por contrarrestar este fenómeno, que rompe los ojos, el régimen ha intentado criminalizar las luchas sociales y en defensa de los derechos humanos, razón por la cual son investigados o acusados por rebelión desde estudiantes, profesores, sindicalistas, defensores de DDHH, periodistas y amas de casa hasta magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia.

Por estas causas en las cárceles colombianas existen hoy día 7.200 hombres y mujeres acusados de rebelión y terrorismo, de las cuales apenas un millar tienen algún vínculo con la insurgencia. Todos los demás son campesinos, indígenas, profesores, estudiantes, líderes sociales en su entorno, encarcelados bajo montajes judiciales o testimonios comprados a delincuentes o proporcionados por los informantes a sueldo que por todo el país regó el gobierno de Alvaro Uribe.

Estos son los resultados de su política de «seguridad democrática». Y a ellos se suman 25 mil desaparecidos, 4 millones de desplazados internos por el conflicto armado, más de 2 mil «falsos positivos» (jóvenes asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en enfrentamientos), así como miles de asesinatos por razones políticas.

«Los militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano ­dice más adelante la nota citada­ han sido especiales víctimas de esta forma de persecución y exterminio. Más de cinco mil de sus dirigentes han sido asesinados. Centenares de sus dirigentes han pasado injustamente por las cárceles». Y agrega la mención de casos particularmente crueles e injustos, como el de Nelson Campos, ex alcalde de San José de Apartadó, y otros 45 compañeros de esa región de Uraba. Fueron condenados a penas entre 20 y 40 años de cárcel. La mayoría llegó a estar 11 años en prisión, hasta que se dictaminó su inocencia. Dos se habían suicidado en sus celdas

Es con ese trasfondo que se efectuaron las elecciones ayer para renovar ambas ramas del Congreso. El gobierno de Uribe termina indefectiblemente el 7 de agosto. Como es sabido, su intento re-reeleccionista, impulsado por métodos fraudulentos, fracasó. Habrá elecciones presidenciales en dos turnos, el 30 de mayo y el 20 de junio próximos.