MONDO CANE

Un tribunal federal de California (costa oeste de EEUU) juzgó que las referencias a Dios en el dólar y en el juramento de lealtad a la bandera estadounidense, recitado en algunas escuelas públicas, no constituye un adoctrinamiento religioso por parte del Estado. El caso había sido llevado ante la Justicia por Michael A. Newdow, que estimaba que las referencias a Dios en el juramento de lealtad y en la moneda nacional son contrarios a la Constitución estadounidense. «La promesa es constitucional», estimó el tribunal en referencia al juramento que hacen cada mañana a la bandera los niños de las escuelas públicas y que incluye la frase «Una nación bajo (la protección de) Dios…» Esta referencia fue añadida a la promesa en 1954 por el presidente Dwight Eisenhower. En cuanto a la moneda del país, la frase «In God we trust» («En Dios creemos») está impresa en todas las monedas y billetes estadounidenses. «El juramento sirve para unir a nuestra vasta nación a través de la recitación orgullosa de algunos de los ideales sobre los cuales se fundó nuestra república y por los cuales seguimos luchando», indicaron los dos jueces de la mayoría.

Una asociación de lucha contra el sida pidió a la Justicia de California (oeste de Estados Unidos) que obligue a los servicios de salud del condado de Los Angeles a imponer el uso del preservativo en los rodajes de los filmes pornográficos. «Hacemos un llamado para obligar al departamento de Salud pública a enfrentar las responsabilidades para intentar controlar la propagación (de las enfermedades de transmisión sexual, ETS) en el condado de Los Angeles, sobre todo en los espacios profesionales», declaró Michael Weinstein, presidente de la fundación AIDS Healthcare. Esta fundación había presentado una demanda contra el departamento de Salud Pública del condado de Los Angeles en julio pasado, luego que se descubriera que una actriz de filmes pornográficos en actividad era seropositiva. La Justicia desestimó la demanda en diciembre, tras argumentar que los servicios de salud tenían un poder discrecional sobre la forma de gestionar la salud pública.