La senadora Piedad y el ministro

Ahora está empeñada en proseguir esa obra, que es un reclamo de toda la sociedad colombiana, con la liberación de los uniformados Pablo Emilio Moncayo (por cuya libertad ha movido cielo y tierra su padre, el eterno caminante profesor Gustavo Moncayo) y Josué Daniel Calvo. Pero esta labor tropieza con los obstáculos interpuestos por el gobierno de Uribe, como sucede desde hace tiempo.

El pasado viernes 5, la senadora declaró que el proceso de liberación de Moncayo y Calvo sigue su curso, a pesar de las dificultades originadas en la conducta del gobierno. Según ella, hay acuerdo frente al protocolo de garantías para dichas liberaciones. «La semana entrante deben llegar las coordenadas y a partir de allí son 8 ó 10 días los que se demora la comisión brasileña (que está a cargo del operativo) para organizar todo lo correspondiente a la liberación», aseguró la legisladora, señalando además que el ministro de Defensa, Gabriel Silva, «quiere ponerle trabas al proceso». Respondía así a unas declaraciones del ministro en el sentido de que «las autoridades tienen toda la disposición de contribuir en el proceso humanitario pero no pueden poner en riesgo el proceso democrático». Es lo que vienen aduciendo como pretexto para no hacer nada en esta materia, a pesar de la propuesta reiterada de la guerrilla. Agregó la senadora: «Que primero espere (Silva) las coordenadas y luego se pronuncie. Que deje de colocarle tantas trabas a un proceso en el cual parece no tener ningún interés, además porque no tiene ningún familiar retenido». Todas estas declaraciones se difundieron profusamente en Colombia y en el mundo durante el fin de semana. En esta materia, desde el gobierno se sigue manejando esporádicamente, cada vez que conviene a sus objetivos diversionistas, el tema de los presuntos documentos hallados en la computadora de Raúl Reyes en la invasión al territorio ecuatoriano de Sucumbíos dos años atrás. Sobre una base tan endeble se amenaza con la cárcel a los opositores y se acusa al presidente ecuatoriano de apoyar a la guerrilla. En realidad, esos papeles nunca se entregaron a la justicia colombiana ni de ningún otro país. Se filtraron parcialmente a los medios para alimentar la campaña mediática o aparecen en fiscalías de EEUU o de Europa. El ejército colombiano entregó los documentos capturados a la sede central de Interpol en Francia para su peritaje y clasificación. Pero cuando la dirección de Interpol los devolvió hizo saber que, antes de serle entregado, el material permaneció tres días en manos del ejército y luego una semana en posesión de la policía de Colombia, por lo que su custodia «no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de organismos encargados de la aplicación de la ley». Los especialistas de Interpol hallaron un total de 48.055 archivos cuyas marcas de tiempo indicaban que no sólo habían sido abiertos, sino también creados, modificados o suprimidos por las autoridades colombianas durante su acceso directo antes de la entrega a Interpol. O sea, que su credibilidad es nula.

Por otra parte, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia denunció las maniobras infames perpetradas por la policía judicial (Sijin) contra el preso político Carlos Iván Peña Orjuela, encarcelado en Palo Gordo, Santander. Lo presionaron por todas las vías para que «colaborara» y denunciara a campesinos inocentes de la región del Magdalena Medio. Como se negó, mataron a su hermano, encarcelaron a una familiar que lo visitaba y amenazan de muerte a su hijo pequeño si no se convierte en uno de los testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial. Además, se conocen cientos de «falsos positivos», o sea, de ejecuciones de opositores al gobierno o de trabajadores movilizados que son perpetradas por militares y paramilitares y luego son disfrazadas como enfrentamientos con la guerrilla.

Bogotá se ha visto estremecida por cuatro días de paro de los pequeños y medianos propietarios de medios de transporte en protesta contra un nuevo sistema que pretendió imponer el ministerio. En Manizales, estudiantes universitarios que protestaban contra un nuevo sistema integrado de transporte fueron objeto de brutal represión. Estos son otros tantos aspectos de la política de «seguridad democrática» del presidente Uribe a que aludía el ministro Silva. Uribe capotó en su intento re-reeleccionista, pero su política represiva sigue viento en popa.