EL FIASCO DE URIBE

El fallo de la Corte expresa que «se verificó la ocurrencia de un conjunto de irregularidades vinculadas a la campaña de recolección de firmas para el referendo», con el agregado incalificable de que el Congreso cambió la pregunta propuesta en la recogida de firmas, trasladando a la elección inmediata lo que originariamente se proponía para 2014. Se ve que Uribe tenía prisa. Pero se fue al tacho.

Así lo reconoció en un discurso lloroso, en que habló de la iniciativa popular y dijo que acataría el dictamen de la Corte Constitucional. Qué más remedio. Y ahí le pasó la posta a su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Este no esperaba otra cosa, y estaba agazapado aguardando el fracaso del plan de Uribe para sucederlo. Integrante conspicuo del clan de la familia Santos, dueña de El Tiempo y del emporio mediático, Santos se caracteriza (al igual que el vicepresidente Francisco Santos, todo queda en familia) por su estrecho contacto con las bandas asesinas de los paramilitares y pretende colgarse los galones de la liberación de Ingrid Betancourt.

Estos días volvieron a la primera plana las declaraciones ante las autoridades judiciales de Salvatore Mancuso, el líder paramilitar que deschavó de manera rotunda los contactos de su organización con los mandos militares, con el sistema de inteligencia estatal del DAS (dependiente directamente del presidente Uribe) y con una larga lista de gobernadores y congresistas del uribismo, expresión de lo que se ha denominado la «parapolítica» y un buen lote de los cuales está detrás de las rejas. También han salido a luz numerosos casos de «falsos positivos» en diversas regiones del país. Se trata del asesinato liso y llano de militantes de la oposición y miembros de organizaciones sociales por parte de los grupos paramilitares, lo que luego es presentado como fruto del enfrentamiento de destacamentos militares regulares con la guerrilla. Santos estaba al frente del ministerio de Defensa en ocasión de la invasión de tropas colombianas a Ecuador hace exactamente dos años, el 1º de marzo de 2008, lo que motivó la ruptura de relaciones. Al igual que Uribe, se opone al intercambio humanitario de prisioneros, en el cual está empeñado un amplio sector de la sociedad colombiana.

Los sectores opositores consideran histórico el fallo de la Corte y un gran paso en el camino de reconstruir la democracia, muy venida a menos bajo la política de «seguridad democrática» del presidente Uribe. Un dirigente del Polo Democrático que firma Juan Cendales estima que es un triunfo del movimiento popular colombiano y de sus reservas democráticas, de quienes enfrentaron al uribismo sin ambigüedades y sin vacilaciones, combatiéndolo en las calles y denunciando sus crímenes. Agrega que «el uribismo ha sido golpeado en todo el corazón de su arrogancia y prepotencia», que el fallo de la Corte es «toda una sentencia penal que señala una larga lista de delitos que una pandilla de delincuentes cometieron para perpetuarse en el poder y seguir su escandaloso enriquecimiento personal y familiar» y que «debería de servir como cabeza de proceso para enjuiciar a Uribe y sus cuarenta ladrones».

«El monarca ha quedado desnudo en medio de la calle. Con toda su podredumbre. Nunca un presidente había demostrado tanta voracidad y ausencia total e escrúpulos», dice más adelante. Esto ha generado una nueva situación, que tiene sus antecedentes. «En el seno de la oligarquía y del imperio ya se estaba pensando hace rato en la necesidad de un recambio ante el descrédito del presidente colombiano más aislado internacionalmente en toda la historia del país», escribe. La conclusión es un llamado a proseguir la lucha para derrotar la política del uribismo, movilizarse unitariamente a fin de impedir cualquier salida de fuerza y buscar las convergencias necesarias para alcanzar las reivindicaciones sociales de las mayorías populares, el cambio democrático y la paz con justicia social. Esta movilización incluye el respaldo masivo a los candidatos del Polo Democrático en las elecciones del 14 de marzo.