Familiares de víctimas inician huelga de hambre

Familiares de dos desaparecidos en las dictaduras bolivianas iniciaron una huelga de hambre para exigir la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas, que según un fiscal intentan obstruir la revisión de los documentos.

«La medida la vamos a mantener hasta que (las autoridades castrenses) nos presenten los archivos, la información, los desaparecidos», dijo Olga Flores, que levantó una carpa al frente de la sede de las Fuerzas Armadas, en un céntrico barrio de la ciudad de La Paz.

Flores y otra huelguista, Martha Montiel, reclaman los cuerpos de su hermano y padre, respectivamente.

El fiscal alterno del caso, Eduardo Morales, empezó el martes la revisión de los documentos en la sede militar y prevé retomar su tarea el viernes.

«Hemos iniciado la revisión de esa documentación del escalafón militar del año 1980″, señaló.

Morales dijo que las Fuerzas Armadas no entregarán los documentos originales a la Justicia, aunque facilitarán copias fotostáticas con valor legal para seguir las investigaciones.

Mientras tanto, enfrente del cuartel militar los familiares de los dos desaparecidos prevén mantenerse en vigilia mientras duren las investigaciones.

El hermano de Olga, Carlos Flores, fue un activista trotskista detenido en 1980 y trasladado junto al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, también desaparecido, a la sede de las Fuerzas Armadas.

El padre de Martha, Tirso Montiel, de nacionalidad chilena y miembro de la guerrilla de Teoponte, desapareció tras ser arrestado vivo en 1970.

El comandante de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, había dicho la semana pasada que la institución iba «a remitir toda la información» al fiscal el 26 de febrero, pero sorpresivamente se anticipó la fecha y abrió parte de la documentación.

El fiscal titular que lleva adelante las investigaciones, Milton Mendoza, quien se encuentra fuera de La Paz, calificó de «ardid» de los militares el abrupto cambio de fecha.

«Se ve, sin duda (la intención de burlar la Justicia), pero esperemos que esa intención obstruccionista cambie, podamos tener acceso (a documentos clasificados) y esa documentación sirva para un proceso penal», declaró.

«No estamos investigando para hacer un libro o una película, estamos investigando para descubrir, primero, dónde están esos desaparecidos y para sancionar judicialmente, si así se da, la identificación de los responsables. Es una investigación seria, es una investigación penal», abundó.

Según Flores, «las Fuerzas Armadas han cometido un acto de desobediencia a una orden judicial», porque no permiten la desclasificación de archivos, protestó.

Los militares niegan sistemáticamente que en sus oficinas existan archivos clasificados sobre la represión contra activistas de izquierda y dirigentes sindicales en las dictaduras que operaron entre 1970 y 1980.

«Es preocupante que 30 años después de que ocurrieron estos hechos gravísimos, aún no se ha podido dar a conocer información que podría esclarecer lo que pasó», dijo Louise Fines, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional (AI), según una declaración pública divulgada recientemente.