El Foro de São Paulo alertó sobre intervención de EEUU en Colombia

Integraban la delegación colombiana: Gloria Inés Ramírez, dirigente de la Federación de Educadores; Marco León Calarcá, responsable internacional de las FARC, acompañado por Andrés París; Jaime Caycedo, secretario general del PC colombiano; Pablo Beltrán, de la guerrilla del ELN; Fermín Gonzáles y Bertina Calderón, de Presentes por el Socialismo. Ellos describieron el estado actual de Colombia desde todos los ángulos.

La fuerza del movimiento social

En primer término, la agravación de la situacion social, expuesta por la dirigente del sindicato de educadores. De sus 37 millones de habitantes, 22 viven en la pobreza, entre ellos 6 millones en condiciones denigrantes. La desocupación alcanza 22 % (la más alta del continente), hay 2 millones de desplazados por la guerra, cerraron 35 mil empresas, las privatizaciones atacan los sectores eléctrico y energético, se clausuran hospitales, la educación está en estado de emergencia, baja el ingreso de los hogares. En suma, la crisis es estructural, abarca la producción, el empleo, el sistema fiscal y también el sector financiero. El gobierno restringe los gastos en educación y salud porque consagra la mitad del presupuesto al pago de la deuda pública y al sostenimiento de la guerra.

Ese cuadro genera un creciente descontento, se despliega la protesta social y se entrecruzan episodios de lucha contra la política económica con movilizaciones contra la violencia y en defensa de los derechos humanos, en repudio a la guerra sucia, bregando por consolidar el proceso de una solución política negociada con las FARC, y de crearlo en el caso del ELN.

A ello han respondido los cuatro paros generales realizados por la clase obrera en un año y medio, entre ellos el gran paro cívico nacional del pasado 31 de agosto que unió al movimiento sindical, transportistas, sectores campesinos e indígenas en torno a un pliego social de 42 puntos que vincular el proceso de negociación para la paz con un cambio de política económica. Se ha ido configurando un frente social y político contra el neoliberalismo y por la paz, y estaba previsto para el 25 de febrero el lanzamiento de un gran movimiento que uniera a las fuerzas sociales y a la izquierda en un Foro Alternativo.

Plan Colombia e «intervención humanitaria»

Jaime Caycedo concentró la atención al señalar que se está abonando el terreno para una intervención más directa de Estados Unidos en Colombia (sumada a la presencia de sus efectivos militares disfrazados de agentes de la DEA y sus aviones espías). En EEUU se habla del «peligro colombiano» (a pretexto del narcotráfico) y se plantea abiertamente una «intervención humanitaria» que, como demuestran los antecedentes de Irak y de Kosovo en Yugoslavia, significan el arrasamiento del país a sangre y fuego y el genocidio contra la población civil. Distinto es el caso de Timor oriental. América Latina –advirtió– debe abrir bien los ojos ante este intento de contrabandear una legitimación de la intervención armada de EEUU.

Tanto más desde que ella reviste una forma de coacción sobre los países vecinos, en búsqueda de una intervención multilateral contra Colombia. Panamá recuperó su soberanía sobre el Canal, y EEUU procura formas de permanencia en ese país que era asiento sobre Venezuela, cuyo gobierno se negó de plano a permitir el tránsito de sus aviones espías, y también sobre Ecuador, donde detenta bases y que está conmovido por amplias movilizaciones sociales.

El pretexto aducido para la intervención, el narcotráfico, no resiste el menor análisis desde que el presidente Pastrana, al inicio de las negociaciones de paz, reconoció a la guerrilla como un factor político, ajeno al narcotráfico. He aquí sus palabras, recogidas en un documento de la Presidencia de la República:

«Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo y la confrontación de la guerrilla contra un modelo económico, social y político que considera injustos, corrupto y auspiciador de privilegios».

Algo más: han pasado por las cárceles colombianas más de mil presos políticos y sindicales, y ninguno de ellos ha sido acusado de narcotráfico. Muchos dirigentes políticos liberales y conservadores no podrían decir lo mismo, ya que notoriamente han sido financiados por el narcotráfico.

Marco León Calarcá destacó que las negociaciones de paz en curso (y que incluso llevaron a delegados de las FARC y del gobierno a Suecia, Noruega, Italia y el Vaticano) han sido viabilizadas por el esfuerzo sostenido de la guerrilla, habiendo logrado identificar los 12 puntos de la agenda y la participación ciudadana a través de audiencias públicas. En defensa de los derechos humanos, las FARC garantizan un trato adecuado a los prisionero y proponen con insistencia una ley que garantice el canje de 500 oficiales, soldados y policías en su poder por 400 guerrilleros encarcelados. Mientras tanto, los paramilitares son protegidos por el estado colombiano y operan con total impunidad.

Estados Unidos se orienta a la intervención militar a través del Plan Colombia a discusión en el Congreso, que de sus 1.600 millones de dólares destina 1.200 a la guerra, al tiempo que se intensifica la aplicación de los programas diseñados por el FMI.

La agenda de las negociaciones de paz incluye soluciones económicas y sociales, procurando evitar que mientras se conversa de paz se siga profundizando el modelo neoliberal. El diálogo no puede ser la tapadera o la cortina de humo para aplicar estas directivas, que agravan la situación de las grandes mayorías.

Carta al Congreso de EEUU y vietnamización del conflicto

La Declaración de Niquinohomo denuncia «la intervención militar directa de EEUU o una eventual acción colectiva con participación de ejércitos latinoamericanos contra Colombia». A la vez, acordó enviar una carta abierta al Congreso norteamericano que está considerando la ayuda a Colombia, fundamentalmente militar.

La carta precisa que el plan militar contra Colombia abarca una guerra de 6 años, en tres fases operativas diferenciadas de corto, mediano y largo plazo. La fase 1, planeada para un año, abarca Putumayo y el sur; la fase 2, de 2 a 3 años, comprende las zonas sureste y central; y la fase 3, de 3 a 6 años, prevé «la extensión del esfuerzo integral a todo el país». Esto es o que dice en su página 15 el Plan Colombia/99, versión en inglés distribuida por el presidente Pastrana en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo bajo el título: «Plan Colombia: Plan for Peace, Prosperity, and the Strenghtening of the State». No deja de ser llamativo que ese fragmento haya sido excluido de la traducción oficial al español difundida por la presidencia.

La carta culmina con el siguiente párrafo: «La ayuda militar al gobierno colombiano representa una injerencia inconveniente que puede vietnamizar la región, con una intromisión directa de los Estados Unidos en el conflicto interno de un Estado sudamericano, lo que contribuiría a deteriorar, aún más, la situación social, marcada por una crisis económica y política sin precedentes en la historia de Colombia, la que reclama soluciones originales y propias, bajo el estricto respeto del derecho de autodeterminación del pueblo colombiano».

Bases militares e intervención multilateral

Los medios de difusión digitados por el imperio sostienen que la guerrilla se entromete en países vecinos (Panamá, Venezuela, Ecuador) cuando la verdad es que desde allí se procura orquestar la intervención contra Colombia. Es lo que demostraron los delegados de Panamá, Ruben De León y Héctor Alemán, diputados del PRD
panameño.

Dicho plan de intervención multilateral desde las naciones limítrofes ha sido bautizado como Plan Amazonas. A tales efectos se atiza el conflicto en la frontera Colombia-Panamá (donde se muestran muy activos los paramilitares de Carlos Castaño) y se alega que peligra la seguridad del Canal. El canciller panameño suscribió un acuerdo con EEUU que le otorga facilidades para el envío de armas y de equipo sofisticado que sólo ellos manejan para el espionaje y la detección de vuelos. Esto integra el plan de asfixiar el proceso de paz colombiano, de perpetura la permanencia de efectivos USA en la zona y de utilizarla como rampa de intervención.

En forma complementaria Germán Rodas, del PS de Ecuador, señaló que tropas de USA operan equipos ultramodernos en la base de Manta, sobre la costa del Pacífico, y también en la Amazonia, apuntadas contra Colombia y el nuevo régimen de Venezuela. Así ocurrió bajo el gobierno de Mahuad, y sigue con Noboa.

Si se agregan las bases utilizadas por EEUU en Aruba y Curaçao, sobre la costa venezolana (que forman parte de las islas de Sotavento en posesión de Holanda, aliado de EEUU en la OTAN), se advierte cómo se va cerrando el cerco contra Colombia, urdido cuidadosamente por los generales Charles Wilhem (jefe del Comando Sur) y Barry Mc Caffrey (zar antidroga) en sus pesistentes giras de inspección por nuestro continente.