Cavallo con poder recortado

Este instrumento que roza la legalidad de lo que permite la carta magna sobre delegación de poderes y para muchos directamente la viola, tuvo en la madrugada de ayer un inesperado giro cuando la mayoría, a veces pequeña, de votos a favor de la ley especial, se transformó en oposición que dejó solo a un sector de la Unión Cívica Radical y su aliado Acción para el República del ministro en ascenso y un grupo de legisladores del Interior de varios partidos enfrentando a todo el peronismo y el Frepaso, más una veintena de legisladores radicales y los socialistas.

Fue cuando se debía votar un inciso del artículo 11 de la ley de competitividad que permitiría a Cavallo poner en caución la recaudación fiscal y riquezas nacionales, como garantías para los acreedores. El diputado justicialista Oscar Lamberto advirtió en términos dramáticos que ello supondrá que cuando los recursos no alcancen, se pagaría a los acreedores pero las provincias y los empleados no recibirían sus remesas o sus sueldos. Era demasiado.

Recomposición de fuerzas

La Alianza, fraccionada en todo el trámite de la ley, se juntó al menemismo y al cavallismo en este extraño maridaje que parió la crisis política y la derecha radical expresada en Fernando de la Rúa. Había conseguido hacer aprobar un artículo que aunque no permite privatizaciones en el sector público, autoriza al superministro a encontrarle otras formas legales de organización, que se supone pueden ser las concesiones o formaciones de sociedades anónimas que determinarán que para los organismos descentralizados que tienen unos 55.000 empleados, les quiten en dos años a éstos su estabilidad y puedan ser despedidos.

Era peor aún: daba sólo un año de seguridad. Hubo una «mejora» por presión sindical en las salas adyacentes al recinto de las deliberaciones, pero igualmente deja en un limbo el futuro de las empresas, cuyo listado no quiso ser revelado por el diputado radical Raúl Baglini, miembro informante de este debate casi sin antecedentes, lo que incremento la irritación de otros legisladores.

Sobre todo la de la radical Elisa Carrió y de la ex frepasista y dirigente de los trabajadores aeronavegantes, Alicia Castro: ambas anunciaron ayer que abandonaban sus respectivos partidos. Carrió, que había amenazado con llevar a los diputados que votaran la ley a la justicia por violar el artículo 29 de la carta magna que declara como «infames traidores a la patria», a quienes ceden al Poder Ejecutivo facultades propias del Parlamento, denunció que el jefe de gabinete, Crhystian Colombo, y el asesor número uno de Cavallo, Horacio Liendo, redactor de esta ley en trámite, están vinculados a los negocios con bonos de la deuda externa. Los dos estaban sentados en un sector privilegiado para los altos funcionarios y cabizbajos escucharon la acusación.

Un anatema llamado Carrió

En ese clima, Carrió, una radical de prosapia, anunció su renuncia al bloque de su partido, pero no a la UCR, aunque en la Cámara baja hará rancho aparte con cuatro diputados socialistas democráticos.

Más de la mitad de los legisladores del Frepaso de Carlos Chacho Alvarez, votaron en contra la ley en general y la mayoría de los artículos y se unieron para no dejar pasar la norma que ponía en caución hacienda y riquezas del país, una exigencia de los banqueros voraces. La escisión debilita objetivamente a Chacho Alvarez, pese a que los rebeldes no abandonarán, en casi su totalidad, el bloque del Frepaso. Es un revés además para el frentista Darío Alessandro, que es el jefe de la bancada de la Alianza. Cada inciso motivó largos debates y en algunos otros ayer, el oficialismo estuvo a punto de perder la votación.

El ex ministro del Interior, Federico Storani, uno de los referentes del radicalismo progresista, dijo que De la Rúa optó por aliarse con la derecha en lugar de recrear la Alianza.

Se espera que el Senado, cuando reciba la media sanción, le hará modificaciones importantes. Primero bajaría a seis meses el lapso que tendrá el Poder Ejecutivo para utilizar esta ley y cambiará otros puntos que pueden ser declarados inconstitucionales. Un legislador peronista confesó a este diario: «Hay temor a que ‘la gorda’ (por la diputada Carrió) los acuse ante los tribunales por traidores a la Patria». Diputados puede insistir en su proyecto con mayoría simple. A la tarde de ayer, el ministro Cavallo fue invitado por el bloque de senadores justicialistas para acordar los cambios para facilitar el debate.

El peronismo es mayoría en esa cámara donde las posiciones no son unánimes. De hecho, los poderes que pedía Cavallo se diluyen aunque no son escasos. Sólo cuenta como real ahora la parte de la ley de competitividad que le permite poner un impuesto las transacciones con cheques, bajar y subir aranceles, para impulsar la producción y reunir más fondos para el fisco. De todos modos, varios times pueden permitirle al gobierno omitir al Parlamento que al decir del socialista Héctor Polino se dedicará a «dar declaraciones o pedir informes». Por un artículo de la parte de la ley aún en debate, Cavallo podrá, si quiere, gravar las transacciones con bonos y acciones. Habrá que ver si se anima a tocar esos intereses. Pero la crisis puede empujarlo a ello.