TRAGICOS ANTECEDENTES
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que obtuvo la presidencia por la Concertación en 1993 con el 58% de los votos (sucediendo a Patricio Aylwin, el primer presidente después del pinochetismo), es hijo del también ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien antecedió a Salvador Allende, gobernó de 1964 a 1970 y sobrevivió al trágico destino de éste en el sangriento golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973. Ahora acaba de descubrirse que también el ex presidente Frei Montalva fue asesinado por la dictadura de Pinochet, lo que impactó de lleno en la campaña electoral. Los jueces que investigaban las causas de la muerte de Frei establecieron, al cabo de 27 años, que éste había sido envenenado. «La justicia tarda, pero llega», sentenció la presidenta Michelle Bachelet. Fue un complot siniestro, que demuestra la calaña del pinochetismo, en el que participaron médicos afectados al Ejército y la Policía, pero sobre todo seis agentes de la inteligencia militar infiltrados en la exclusiva clínica Santa Marta en calidad de sanitarios, camilleros, choferes y otros menesteres. Frei fue internado a comienzos de 1982 para una intervención quirúrgica menor. Pero los médicos complotados le administraron talio y mostaza hidrogenada, que lo debilitaron y finalmente le causaron la muerte. En la misma clínica le practicaron una extraña autopsia: lo colgaron de los pies y le extrajeron todas las vísceras, para no dejar huellas de lo que se le había administrado como tratamiento. La resolución del juez Alejandro Madrid, que procesó y detuvo a seis implicados, entre ellos cuatro médicos, comprobó antiguas sospechas de la familia de Frei, que falleció unas semanas después de someterse a una operación de hernia «como producto de una septicemia provocada por sustancias tóxicas no convencionales», según estableció el juez.
El candidato presidencial Sebastián Piñera declaró al respecto que «la muerte no esclarecida de Frei Montalva es una herida abierta en el alma nacional que debemos enfrentar y sanar», pero su contendor Marco Enríquez-Ominami le recordó que en 1995 el mismo Piñera, como senador, presentó un proyecto de ley de amnistía «para que justamente casos como éste no se investigaran». En Chile rige una ley de amnistía promulgada por Pinochet en abril de 1978 que cubre los crímenes cometidos por los militares desde el golpe de Estado de 1973, pero en 20 años de gobiernos de la Concertación no se ha logrado que el Congreso la anulara, a pesar de las demandas insistentes de los familiares de las víctimas. Es más: en noviembre pasado Piñera propuso agilitar los juicios a ex militares por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, que dejó un saldo de más de 3 mil muertos reconocidos. Dirigentes de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos declararon a este respecto que «Piñera se saca la careta y se muestra como es, una persona de derecha comprometida con la dictadura y las violaciones de derechos humanos».
Marco Enríquez-Ominami recordó por su parte que también su padre fue asesinado 35 años atrás por la dictadura de Pinochet. Miguel Enríquez, médico y líder del radical Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se convirtió en uno de los hombres más buscados por el régimen y fue abatido en un enfrentamiento el 5 de octubre de 1974 en Santiago de Chile.
El padre de la presidenta chilena, el general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, fue detenido tras el golpe de Estado al que se opuso y acusado por ello de traición a la patria. Murió en marzo de 1974 en prisión, a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes de la dictadura. La presidenta Michelle Bachelet y su madre, Angela Jeria, también estuvieron detenidas en un centro ilegal apenas producido el golpe, y fueron luego enviadas al exilio, que transcurrió en buena parte en la República Democrática Alemana.
Se ha dicho que toda esta cadena trágica parece no tener parangón en la historia de las sucesiones presidenciales de América Latina.
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