HONDURAS EN LA CUMBRE DEL MERCOSUR

A la resolución adoptada por los presidentes del Mercosur y de Venezuela, expuesta en la clausura de la Cumbre el martes 8 en Montevideo, hicimos ayer una escueta referencia. Tabaré Vázquez dio lectura a un comunicado especial de la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela sobre la República de Honduras. Los presidentes de los cinco países reiteraron enérgicamente la condena al golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, ya que consideran inaceptables las graves violaciones de los DDHH y libertades fundamentales del pueblo hermano. En tal sentido, ante la no restitución del presidente José Manuel Zelaya en el cargo para el cual fue democráticamente elegido por el pueblo hondureño, los mandatarios manifestaron el total y pleno desconocimiento de los comicios electorales realizados el 29 de noviembre por el gobierno de facto, los cuales fueron desarrollados en un ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad, constituyendo un duro golpe a los valores democráticos para América Latina y el Caribe.

El Frente Nacional de Resistencia agradeció a los países del Mercosur por su postura antigolpista y su apoyo a la restitución del presidente Zelaya y a la realización de nuevas elecciones organizadas por el gobierno legítimo de Honduras. «Celebramos y agradecemos la decisión de los gobiernos del Mercosur ­expresa el comunicado­ de desconocer las elecciones y el régimen que se instale el 27 de enero. Llamamos a todos los gobiernos del mundo a seguir ese ejemplo».

Agrega que el FNRP, que cuenta con el respaldo del presidente Zelaya, mantiene «el desconocimiento total del régimen que se instalará el 27 de enero y que será la continuación de la dictadura que la oligarquía impuso con el golpe de Estado del 28 de junio», y denuncia la campaña mediática que pretende «limpiar la imagen» de Pepe Lobo con un supuesto gobierno de unidad, que en realidad estaría integrado por «sectores cómplices del rompimiento del orden constitucional» y cuya única función consistiría en «traspasar el poder del dictador Micheletti al dictador Lobo».

El Frente revela además los planes de la dictadura y de la oligarquía de trasladar los costos del golpe de Estado al pueblo pobre, a través de un paquete de medidas económicas que incluyen el aumento del impuesto sobre las ventas, la devaluación del signo monetario (el lempira), el aumento a las tarifas de la energía eléctrica, entre otras. «Tal paquete ­precisa­ pretende aplicarse antes de la toma de posesión del nuevo dictador (que apoyó el golpe de Estado), para desvincularlo del agravamiento de la crisis económica y social, de la que él, su partido y su clase son partícipes». La crisis se ha profundizado en el período posterior al golpe, particularmente en los problemas del desempleo y de la carestía de las subsistencias, al tiempo que se señala la continuidad de las medidas represivas, como por ejemplo la salida del aire de programas del Canal 36 de televisión, tal cual lo denuncia su gerente general y propietario, Esdras López.

Se ha abierto una nueva etapa. El Frente de Resistencia cuenta con gran respaldo popular de parte de de campesinos, obreros, educadores y organizaciones sociales, y está aumentando sus esfuerzos organizativos para proseguir la lucha. El presidente Zelaya le ha dirigido un mensaje desde su refugio en la Embajada de Brasil, en la que le pide convertirse en «una plataforma de coordinación política». Dice así: «La Resistencia tiene una gran misión que cumplir: convertirse en una fuerza combativa que permita la solución a los problemas y transformaciones de Honduras. Debe ser el eje para coordinar y aglutinar las fuerzas políticas progresistas, que sin perder su propia identidad, obligue a la élite dominante a reconocer que los hondureños no tenemos amos, que queremos Libertad. Honduras necesita reformas, que son imparables, por lo que la resistencia deberá organizar su plataforma de coordinación política y programas con acciones definidas en cada barrio, cada municipio, en todos los departamentos, y exigir un nuevo pacto social, una nueva Constitución en donde el soberano determine las reglas».