Vientos de reelección en Bolivia
El paisaje político boliviano rumbo a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre resulta por completo novedoso, especialmente si se lo compara con los primeros años del mandato de Evo Morales, marcados por el denominado doble poder entre el gobierno central y las regiones autonomistas del oriente, el sur y el extremo norte amazónico.
El «empate catastrófico» es cosa del pasado, la oposición se muestra carente de táctica y estrategia para enfrentar un proceso electoral en el que todas las encuestas anticipan la reelección en primera vuelta de Morales, y el «evismo» no sólo logró consolidarse en el poder es probablemente el primer gobierno fuerte después de la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) sino construir un nuevo bloque hegemónico.
Boomerang opositor
La sensación de derrota anticipada puede leerse en la mayoría de los medios cercanos a la derecha, que se mueven entre las denuncias de su ala radical de que Bolivia bajo Evo se volvió una dictadura (Manfred Reyes Villa, ex prefecto de Cochabamba revocado en el referéndum de 2008) o la aséptica propuesta de «país productivo» del bloque moderado liderado por el empresario del cemento y ex asambleísta constituyente Samuel Doria Medina. Para reforzar su discurso «anti-dictadura», Reyes Villa eligió como compañero de fórmula a Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando preso aún sin juicio y acusado de organizar la «masacre del Porvenir», contra campesinos simpatizantes de Evo Morales, el 11 de septiembre de 2008 (1). Pero pasado el golpe mediático, que permitió a Reyes Villa quedarse con la «porción del león» del debilitado espacio opositor, el binomio derechista se estancó en alrededor del 20% mientras que Morales supera el 50% en todos los sondeos. «Las campañas opositoras, un boomerang», resumió el semanario liberal Pulso las dificultades de la derecha para encontrar una estrategia de campaña y, sobre todo, un discurso que pueda competir con el arrollador Evo Morales, capaz de conmover las fibras más íntimas de la Bolivia profunda en cada uno de sus discursos proselitistas.
Pero la situación preelectoral tiene un manto de fondo, más profundo: la derrota de la oposición autonomista liderada por Santa Cruz, que sobreestimando sus propias fuerzas y subestimando las del gobierno central, se embarcó en una estrategia suicida de toma de instituciones luego de la ratificación de Evo Morales en el referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008 (2). Y, en paralelo, ocurrió el desembarco en Santa Cruz de un oscuro ex combatiente de la guerra de los Balcanes: Eduardo Rózsa, una mezcla de mercenario e idealista extremista, que se proponía conformar milicias armadas y fue muerto por la policía en abril de este año. El caso comprometió a toda la élite local en un grave hecho de intento de subversión armada (3). Aunque la dirigencia cruceña logró incorporar el autonomismo en la nueva Constitución e incluso en el programa del Movimiento al Socialismo (MAS), el actual contexto electoral la muestra dividida, sin destreza política y más preocupada por las elecciones locales de 2010 cuando se elegirán gobernadores que por las del 6 de diciembre; y con sus facciones asociadas a las logias secretas Caballeros del Oriente y Toborochi apoyando a diferentes opciones opositoras (4).
Entusiasmado con este escenario, el oficialismo se lanzó a su objetivo de máxima: conquistar los dos tercios del Parlamento ahora llamado Asamblea Legislativa Plurinacional que en los próximos cinco años deberá aprobar las leyes que permitan aplicar la nueva Constitución, aprobada en referéndum popular en enero de 2009. «Evo para siempre», dicen en las proclamaciones los campesinos, «90%», pintan los oficialistas en la populosa urbe de El Alto. «[Los movimientos sociales] No estamos de paso en el poder», arenga Evo Morales… lo que alimenta todo tipo de fantasmas de perpetuación en el poder por parte de la oposición, en un país casi sin tradición de reelecciones.
Ilusión de revolución
Como ocurre en otros procesos sudamericanos, la combinación de las denuncias histéricas de la oposición conservadora (en Bolivia, los liberales hablan de una revolución igualitarista en marcha) y la sobreactuación ideológica de los propios gobiernos postneoliberales, creó una cierta «ilusión de revolución» (5). Pero lo cierto es que el sustrato sociológico del apoyo a Evo Morales no es muy diferente al del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Como señala Carlos Augusto Montenegro, del instituto Ibope, «cuando Lula entró en la carroza de la reina de Inglaterra, este pueblo entero, el Nordeste entero, entró con él» (6). Y efectos similares se viven en Bolivia con el primer Presidente indígena: la mezcla de políticas sociales (Bono Juancito Pinto a los escolares, Renta Dignidad a los ancianos, Bono Juana Azurduy a las mujeres embarazadas; médicos cubanos, obras en los municipios en el marco del plan «Evo cumple») e identificación étnica-cultural, constituyen la base del apoyo social a Evo Morales. Junto a medidas nacionalistas como la nacionalización del gas, cuya gestión, no obstante, fue debilitada por los casos de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyo ex presidente, Santos Ramírez, está preso desde hace más de ocho meses, acusado, aún sin juicio, de haber cobrado millonarios sobornos. Y no menos importante: la titulación de unos 9 millones de hectáreas de tierras mayormente fiscales en favor de campesinos e indígenas, rompiendo con el capitalismo de amigos en el ámbito agrario.
No obstante, el economista Gonzalo Chávez ironiza sobre los «neoliberales revolucionarios» que manejan la política macroeconómica y cambiaria. «[En 2008] Llovían dólares en la economía [exportaciones récord de 7.000 millones de dólares, remesas de mil millones…] que, convertidos en bolivianos, amenazaban desembocar los ríos de la inflación. Siguiendo el manual del buen neoliberal revolucionario, ave rara que sobrevive cómoda en el grueso árbol del poder, había que secar esta liquidez, para eso el Banco Central de Bolivia puso sus títulos (papeles o bonos) en la cancha a tasas de interés muy elevadas, por lo tanto atractivas. Mucha gente, bancos y personas, ganó una buena platita fácil con el proceso de cambio. Las malas lenguas decían que la otrora poderosa y opositora Asoban [Asociación de Bancos] se había convertido en célula oficialista» (7). De hecho, la relación de Evo Morales y la banca privada parece lejos de los llamados del Presidente a «sepultar al capitalismo» y la publicidad oficial destaca la «solvencia del sistema financiero»… privado. Tampoco es muy «heterodoxa» la atracción que la acumulación de reservas internacionales (con más de 8.000 millones de dólares atesorados) ejerce sobre Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, quienes transformaron este récord en uno de los ejes de campaña: «Bolivia dejó de ser un país pedigüeño», «Logramos lo que no lograron los neoliberales», etc. Apegado al realismo sociológico, García Linera definió al actual proceso como nacional-productivo, y el socialismo del siglo XXI casi no consiguió adeptos en Bolivia. Tampoco entre las bases del MAS, sustentadas en economías familiares urbanas y rurales, defensoras a ultranza de las políticas redistributivas pero poco entusiastas con el «anticapitalismo» bastante retórico, por cierto del Presidente boliviano.
Ello no impide que sectores elitistas se sientan auténticamente desplazados del poder: hoy su influencia ya no se valida, como antaño, en el club de tenis, el hípico o el golf, ni en los cafés fashion de La Paz o en las fiestas exclusivas, lo que redundó en una notable inseguridad psicológica de quienes manejaron tradicionalmente el poder.
¿Desarrollismo ingenuo?
Pese a los innegables avances en la construcción de un Estado «fuerte» al menos en comparación con los años 90 la matriz productiva b
oliviana sigue siendo profundamente extractivista: el 2,1% del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer trimestre de 2009 se explica en más del 50% por el crecimiento de la minería, especialmente la mina San Cristóbal (8); es decir, un crecimiento de enclave. «Bolivia vuelve a ser una potencia minera», es uno de los eslóganes oficiales y el presidente ecuatoriano Rafael Correa invitó a Bolivia, para la cumbre del ALBA, a una delegación de indígenas opuestos a las explotaciones mineras para que vean cómo es un gobierno indígena desarrollista.
El actual «proceso de cambio» se enfrenta, así, al histórico problema boliviano: el desfase entre la prédica industrialista y la realidad rentista, fuente del sentimiento de constante frustración nacional debido, en parte, a la tradicional dificultad del Estado para gestionar eficientemente la economía nacionalizada. Además del predominio vinculado a esa mentalidad rentista de una visión ingenua del desarrollo, asociada a la extracción de esos recursos pero incapaz de dar vida, históricamente pero también ahora, al complejo educativo-científico-tecnológico necesario para plasmar esos objetivos desarrollistas. Imaginario que impide, a la postre, transitar otras vías no desarrollistas, que por el momento no salen de la retórica «pachamámica», como el sumaj qamaña («vivir bien») en lugar del «vivir mejor» occidental-liberal.
La discusión sobre el modelo de desarrollo no trasciende la reactualización de los sueños (¿ilusiones?) desarrollistas-industrialistas de los años 50, materializados en la famosa película «Un poquito de diversificación económica» de Jorge Ruiz, en el marco de una fuerte ambivalencia del actual Presidente boliviano: un discurso eco-comunitarista en los foros internacionales y una prédica desarrollista en el ámbito interno. Por ejemplo, cuando acusa a ONG de «confundir» a los indígenas amazónicos que se oponen a la prospección petrolera; o cuando el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, responsabiliza a las «sobre-demandas» indígenas de trabar las inversiones de las petroleras privadas (9). Cuando el gobierno acepta sin protestas los cuestionados proyectos de represas brasileñas sobre el río Madera, en la Amazonia boliviana. O cuando los campesinos colonizadores aymarás y quechuas acusan de «terratenientes indígenas» a los pueblos originarios de tierras bajas que recibieron centenares de miles de hectáreas como «tierras comunitarias de origen» desde los años 90 hasta ahora. Todo esto no carece de cierta dosis de realidad, pero pone de relieve, en todo caso, los límites del discurso indigenista tout court.
Como constata el ex ministro de Hidrocarburos y nacionalista duro Andrés Soliz Rada, «la actual plataforma [electoral] del MAS es la antítesis de la Constitución [aprobada] en Oruro. Ofrece un gran salto industrial, carreteras; trenes; ferrocarril bioceánico; aeropuertos; hidroeléctricas; fundiciones; plantas de etano, etileno, metanol; producción agropecuaria en gran escala; seguro universal agrícola; empleo a raudales; educación digital… satélite de comunicaciones… valorizar la identidad nacional». Y como también advierte Soliz Rada, Evo Morales no apoya explícitamente a los «pachamámicos» pero tampoco los desautoriza, y varios de ellos mantienen cargos en el Estado e influencia política, como el canciller David Choquehuanca. Un escenario de esta ambivalencia es el debate de la nueva ley de la gestión pública, donde varios miembros del equipo de redacción del anteproyecto sostienen polémicamente que Bolivia es una «sociedad comunitaria» y que el Estado debe dar cuenta de esa infraestructura societal. Pero, al mismo tiempo, se pide colaboración a Francia país no precisamente adepto al multiculturalismo radical para poner en pie una escuela de administración pública. Luego de casi cuatro años de gestión, los empleados públicos considerados privilegiados en la lógica campesinista del MAS siguen sin sindicatos, eliminados bajo el neoliberalismo.
Adicionalmente, la invitación como candidatos a figuras extrapartidarias de las clases medias periodistas, por ejemplo que traccionan votos, pone de relieve la dificultad del MAS para formar cuadros propios: los actuales parlamentarios sufrieron una verdadera «purga», apoyada por la sociedad, y fueron masivamente excluidos de las listas para diciembre. También los dirigentes del MAS (a excepción de los líderes de sindicatos rurales y urbanos) quedaron fuera de las candidaturas; una medida extrema para evitar una «guerra por las pegas» (cargos) en el interior de un partido percibido por muchos militantes como una suerte de agencia de empleo.
Pero la retórica comunitarista corre el riesgo, también, de embellecer un «capitalismo andino» basado en la explotación y autoexplotación de la mano de obra, incluida la familiar, que dista de la «armonía comunitaria». Un estudio de la Red de Mujeres Transformando la Economía indica que el 70% de las mujeres bolivianas vive del comercio informal, donde trabajan en condiciones precarias, sin acceso a la jubilación y a los beneficios sociales (10).
La ausencia de un proyecto educativo (reemplazado en gran medida por el objetivo de mantener la calma gremial de los docentes) es uno de los déficits de la actual gestión y se expresa claramente en la elevada rotación de los ministros del área: cuatro en la misma cantidad de años, a lo que se suma sus disímiles perfiles político-ideológicos. Sintomáticamente, todos los regímenes bolivianos desde comienzos del siglo XX (liberales, nacionalistas-revolucionarios, neoliberales) hicieron su reforma educativa, lo que no ocurrió, paradójicamente, en estos casi cuatro años, con un gobierno que se denomina a sí mismo «revolución democrática y cultural»: la alfabetización con el método cubano «Yo sí puedo» un avance innegable, los telecentros de internet en las escuelas rurales, las más cuestionables «universidades indígenas» (aymará, quechua y guaraní) o el proyecto de ley Avelino Signani no ocultan la ausencia de una propuesta pedagógica acorde con los desafíos bolivianos del siglo XXI. Y déficits parecidos se observan en el área de la salud, donde más allá de la presencia de los médicos cubanos no existe una visión coherente tendiente a la desmercantilización y a la cobertura universal de calidad (los hospitales públicos siguen sin ser gratuitos).
En estos casi cuatro años de «gobierno del cambio», quedó en evidencia que la lógica de campaña electoral permanente, la tentación de copamiento plebeyo del Estado (como se ve a menudo en los municipios y los organismos públicos), además de la mencionada sobreactuación ideológica, dificultan la puesta en marcha de una institucionalidad posneoliberal eficiente. La refundación permanente del país muestra una dinámica de rebeldía social quizás sin parangón en América Latina, pero también deja en evidencia una verdad más prosaica: que todas las refundaciones anteriores terminaron en fracasos. Por eso, el segundo mandato de Evo Morales, con un país menos polarizado y sin la derecha al acecho, se jugará en la construcción del Estado. Y en el entronque del Evo símbolo con el Evo estadista-reformador.
1 «Masacre de campesinos en Bolivia: ‘Los mataban como a chanchos'», Clarín, Buenos Aires, 21-9-08.
2 «La consolidación del evismo», Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2008.
3 Pablo Stefanoni, «¿Nacional-anarquismo o neo-racismo? Eduardo Rózsa o la obsesión del separatismo étnico», Pulso, La Paz, 17/23-5-09: www.rebelion.org/noticia.php?id=85641
4 Surgidas de divisiones de logias nacidas en el siglo XIX, controlan hasta hoy espacios clave del poder regional, como los colegios profesionales y las cooperativas de servicios públicos.
5 Gonzalo Chávez, «Voto por el cambio productivo», La Razón, La Paz, 11-10-09.
6 Marc Saint-Upéry, «¿Hay patria para todos? Ambivalencia de lo público y de la ’emergencia plebeya’ en los nuevos gobier
nos progresistas», Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Nº 32, Flacso-Ecuador, Quito, septiembre de 2008.
7 Gonzalo Chávez, «Fin de fiesta en la patria rentista», La Razón, La Paz, 23-8-09.
8 Napoleón Pacheco, «Intentando tapar el sol con un dedo», Pulso, La Paz, 6/12-9-09.
9 La Razón, La Paz, 21-9-09.
10 Diario estatal Cambio, La Paz, 11-10-09.
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