Corte Suprema imputa a Zelaya

La Corte Suprema hondureña imputo a Manuel Zelaya seis delitos, entre ellos traicion a la patria, en un dictamen entregado al Congreso y que será tomado en cuenta por legisladores el 2 de diciembre cuando decidan si restituirán al presidente derrocado.

Aunque el dictamen no ha trascendido, el presidente de la Corte Jorge Rivera declaró a la AFP que se «sustenta en 6 delitos», entre ellos, el de traición a la patria, desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

Tras analizar los dictámenes de la Corte y otras tres instituciones, el Congreso Nacional se pronunciará el 2 de diciembre sobre la restitución de Zelaya en el poder, como lo contempla el acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito el pasado 30 de octubre, bajo la presión de Estados Unidos.

«Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto», el Congreso Nacional «cuenta con información para analizar el contexto general de las actuaciones oficiales y públicas» de Zelaya, según un comunicado emitido por la Corte tras entregar su informe a la secretaria adjunta del Congreso, Ana de Lanza.

De este modo, podrá «valorar si las mismas se realizaron en apego a lo dispuesto en la Constitución de la república al orden jurídico preestablecido y en consonancia con su condición de funcionario público, sujeto a la ley», agrega el comunicado.

El acuerdo Tegucigalpa/SanJosé, suscrito por las delegaciones de Zelaya y del gobierno de facto de Roberto Micheletti, deja al Congreso la prerrogativa de restituir el poder ejecutivo que gobernaba hasta el 28 de junio, fecha del golpe de Estado contra el mandatario constitucional.

La Corte ya había desestimado el pasado 21 de agosto la restitución de Zelaya, en respuesta a un anterior acuerdo para mediar la crisis, alcanzado en San José con la mediación del presidente costarricense Oscar Arias.

También el máximo tribunal había advertido que si Zelaya regresaba al país tras el golpe de Estado, cuando fue derrocado y expulsado a Costa Rica, sería detenido para responder ante la Justicia.

Zelaya regresó a Tegucigalpa tras entrar clandestinamente en el país y se refugia desde el 21 de setiembre en la embajada de Brasil.

En ese entonces, la Corte también rechazó la posibilidad de una amnistía aduciendo que existe un proceso penal contra Zelaya y que «la única forma de finalizar o suspender estos procesos penales es de conformidad a lo regulado en nuestra legislación» y que «cualquier arreglo de tipo político debe pasar por el respeto a la legalidad y el control jurídico».