"Bodas de sangre"

Buenos Aires, ANSA

 

Ese día las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con la excusa de «aniquilar al terrorismo» y con el visto bueno de grupos civiles –en particular de empresarios, partidos políticos y jerarquía de la Iglesia católica– iniciaron una gestión neoliberal en lo económico que sólo podían implantar de la inédita mano de una represión ilegal, planificada, sistemática y masiva.

Esas características fueron la nota distintiva de la dictadura militar 76-83, que operó localmente el «Terrorismo de Estado» en el marco del «Plan Cóndor», impulsado por Estados Unidos para sumergir en la noche y la niebla al Cono Sur latinoamericano.

En Argentina los delitos «aberrantes» y de «lesa humanidad» que cometió la dictadura dieron trágica universalidad a la palabra española «desaparecidos» y a pañales transformados en pañuelos, símbolo de un dolor entrañable, el de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Esas «locas de la Plaza» o «Madres Coraje», como las llamó el escritor Julio Cortázar, marchan desde hace un cuarto de siglo jueves a jueves frente a la Casa de Gobierno.

Esa ronda mundial y tristemente famosa es aún patética búsqueda de justicia para los desaparecidos y de identidad para cientos de bebés sustraídos a jóvenes que daban a luz en la oscuridad impuesta por las «capuchas», en los calabozos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y otros centros de detención ilegal.

Días antes del golpe, el 6 de marzo, el diario La Opinión de Buenos Aires tituló en su primera página «El país encara la recesión económica», y en un comentario firmado precisó: «Un programa dirigista-liberal para una realidad sin opciones».

En el vértigo de esos momentos, el mismo diario anunció que «el peronismo y el radicalismo encaran una fórmula de compromiso político para evitar el colapso institucional».

Los militares, por su parte, invocaron «estado de necesidad» para derrocar a la presidenta María Estela «Isabelita» Martínez de Perón, última esposa de Domingo Perón, líder del Movimiento Nacional Justicialista («peronismo»), fallecido el 1 de julio de 1974, durante su tercer gobierno.

Con el poderío de las armas, los militares se adjudicaron la función de «salvar» un vacío de poder, superar la crisis social y derrotar a la subversión.

La palabra «subversión» aludía a los grupos armados que, muy reducidos por entonces, actuaban en Argentina, pero también a quienes no aceptaban planes económicos que acarreaban mayor desocupación, más deterioro de la educación pública, pérdida de derechos de los trabajadores, privatizaciones y endeudamiento externo del país.

«Aniquilamiento» fue el término usado por los militares para referirse al destino de «los opositores, sus familias y sus amigos» y se concretó en desapariciones forzadas, torturas, personas arrojadas vivas al mar, miles de presos legales y de asesinatos.

Textos que entonces circulaban en el exterior y clandestinamente en el país denunciaban esa realidad y destacaban que esos crímenes eran funcionales a una compleja trama de razones económicas de grupos locales e intereses internacionales.

Dos grupos libremercadistas –«Perriaux» y «La Plata»– fueron «la usina civil del golpe», con exponentes como José Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Economía de la dictadura, y Alberto Rodríguez Varela, en seguida titular de Justicia del régimen castrense y más adelante, y hasta ahora, abogado defensor de Jorge Rafael Videla.

Videla, de delgada y siniestra figura, era el comandante en jefe del Ejército con «Isabelita», y se convirtió el 24 de marzo del 76 en miembro de la junta golpista –junto al almirante Eduardo Massera y al brigadier Orlando Agosti– y titular de la Presidencia desde el 29 de marzo, hasta el 30 de enero del 81.

La «receta» económica de estos grupos la dio a conocer Martínez de Hoz, en funciones de superministro de Economía, el 3 de abril del 76: «liberación de precios, ajustes periódicos, salarios establecidos por el gobierno, aumento de un 30 % de combustibles y gas, creación de gravámenes, modificación del régimen impositivo, entre otras.

A 25 años de distancia, analistas políticos locales coinciden en que, tras cuatro elecciones presidenciales consecutivas a partir de 1983, el recambio de gobierno por las urnas está asegurado y que los golpes de Estado no se reiterarán.

Pero no falta quien comenta con decepción e ironía: «no hace falta, desde el martes pasado está Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía» y recuerda que el flamante ministro de centroderecha fue titular en 1982 –durante la dictadura– del Banco Central y que, entre 1991 y 1996 al frente de la cartera económica, estabilizó la moneda pero abrió la puerta a la desindustrialización y la desocupación.

El líder sindical disidente Hugo Moyano, que ayer estuvo a la cabeza de un paro nacional, frente a la actual insistencia de Cavallo en que el Congreso le dé «amplios poderes», posibles mediante el artículo 76 de la Constitución, ironizó: «¿No será que nos quiere llevar a todos nuevamente al 76?» (con referencia al año del último golpe).