La cínica farsa de Micheletti

Eso ocurriría del 25 de noviembre al 2 de diciembre (casualmente, la fecha del golpe de estado del 18 brumario de Luis Bonaparte). En esa fecha, tres días después de las elecciones, el Congreso se dignará a reunir para examinar la restitución del presidente constitucional. Todo es una maniobra de la más ramplona especie, a varias puntas.

Es lo que dijo Manuel Zelaya de inmediato, entrevistado por emisoras mexicanas. Esas elecciones, aseguró, están viciadas de nulidad, son totalmente ilegítimas porque están fraguadas bajo un régimen de facto. La propuesta de Micheletti es una burda maniobra, una trampa para cazar bobos. Es a la vez una confesión, una suerte de mea culpa, porque su presencia es una mancha en el proceso electoral. En los hechos seguirá usurpando las funciones de gobierno, antes y después de la elección. Pero sobre esa base pretende lograr el reconocimiento internacional del gobierno surgido de la dictadura. Subrayó Zelaya que tanto la OEA como la ONU a través de su Asamblea General han declarado inequívocamente que no reconocerán a un gobierno electo bajo una dictadura.

Como parte de la campaña mediática, Micheletti alegó que a la elección concurrirían cientos de observadores internacionales, lo que no parece condecir con la realidad. Por lo pronto, sabemos que Uruguay no se hará presente, a diferencia de lo ocurrido en los recientes procesos electorales en América Latina. La mayoría de la Corte argumentó en base a la coincidencia de la fecha con el segundo turno uruguayo, pero Wilfredo Penco y Washington Salvo tuvieron la dignidad de plantear que la negativa debió sustentarse en que «Uruguay no quiere ser cómplice de la dictadura imperante en Honduras, ni avalar los procedimientos habilitados a su sombra». Nos consta que la gran mayoría de los países latinoamericanos compartirán esta actitud.

En la entrevista citada insistió Zelaya en las condiciones de represión en que se realizarán las elecciones, reproduciendo conceptos vertidos en su reciente carta pública al presidente Obama: «3.500 personas detenidas en cien días, más de 600 personas heridas y golpeadas en manifestaciones pacíficas, más de un centenar de asesinatos y una incontable cantidad de personas sometidas a torturas, todo esto convierte a las elecciones en un ejercicio antidemocrático». Con el agregado de que las tres cuartas partes de los integrantes de su gabinete están perseguidos, muchos debieron refugiarse en el extranjero, y él mismo, que nunca tuvo un juicio, una demanda o una orden judicial, tiene ahora 24 órdenes de captura en su contra por las más diversas causales, inventadas después del golpe de Estado del 28 de junio. Sobre esa base propone la reprogramación de la instancia electoral, y previamente la restitución del orden institucional con su retorno a la presidencia.

Esto es precisamente lo que establecía el acuerdo San José­Tegucigalpa, que Micheletti violó de manera descarada después de haberlo suscrito en presencia de los mediadores de la OEA y de otros organismos internacionales. Su actitud es una sucesión de trapacerías sin nombre. Después de firmar el acuerdo, pretendió designar el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional allí previsto con un conjunto de personas afines y presidido por él mismo. El colmo de la desvergüenza, y una burla a la comunidad internacional. Después vino, en maniobra combinada, el pronunciamiento del Congreso, anunciando que analizará el tema de la restitución de Zelaya…después de las elecciones, o sea ex posfacto. De modo que el Congreso está encubriendo y maquillando la maniobra, dijo Zelaya. El coordinador general del Frente Nacional de la Resistencia, Juan Barahona, expresó que la decisión del Congreso es «una monstruosidad y una provocación».

El mismo día 19 Zelaya emitió un comunicado en el cual se indica que «en Honduras no existen condiciones para ejercer la libertad y la voluntad del pueblo y poder escoger pacíficamente a las autoridades», y que «las elecciones no tienen ninguna legalidad, no gozan de respaldo internacional, especialmente de la OEA y la ONU, y oficialmente todos los países se han pronunciado desconociendo este proceso electoral». Agrega a continuación que a ese respecto «Estados Unidos se ha manifestado con ambigüedad».

También aludió a este tema en la entrevista tras el discurso de Micheletti. Allí dijo que en acuerdo con EEUU se había aprobado el plan Arias y el acuerdo San José­Tegucigalpa, pero a posteriori EEUU cambió de posición, cambió el orden de prioridades, dejó de considerar el restablecimiento del orden constitucional y la restitución del presidente como objetivo primario y habría expresado su disposición a reconocer al gobierno surgido de las elecciones bajo régimen de facto. Ha ganado terreno la versión de que este cambio habría sido impuesto por la derecha republicana, como condición para dejar de hacer obstrucción a la designación de Arturo Valenzuela como secretario adjunto de Asuntos Interamericanos en sustitución de Thomas Shannon, que pasaría a la embajada en Brasilia. El principal opositor, que estaba vetando esta designación, era el senador republicano por Carolina del Sur, James DeMint. Este retiró su veto (de hecho Valenzuela ya ha sido nominado) y declaró que «la secretaria de Estado, Clinton, y el subsecretario Shannon me han garantizado que Estados Unidos reconocerá el resultado de las elecciones hondureñas, haya sido restituido o no Manuel Zelaya».