La revuelta de más de 11.000 alcaldes galos

El Congreso, que se iba a inagurar oficialmente ayer martes por el primer ministro francés, François Fillon, fue organizado por la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF, por sus siglas en francés), al que adhieren unos 36.000 intendentes de todos el país.

La inauguración corre el riesgo de ser agitada: el año pasado los asistentes silbaron al primer ministro. Y aunque tras las municipales de marzo de 2008 la mayoría de las municipalidades francesas se volcaron a la izquierda, la bronca de ahora ha ganado apoyos en la fila de la derecha gobernante.

Sarkozy no asistirá al congreso de alcaldes por que viajó a Arabia Saudita. Aunque una fuente gubernamental admitió que prefiere no enfrentar el estado de ánimo de los alcaldes, a 700 de los cuales recibirá el viernes en el Elíseo.

La reforma territorial prevé una definición de las competencias de los consejos generales (órgano ejecutivo de cada uno de los 100 departamentos franceses) y de los consejos regionales (asamblea de cada una de las 26 regiones de Francia formadas por diputados provinciales).

La derecha sólo controla dos regiones: Córcega y Estrasbrugo.

Impulsada a cuatro meses de las elecciones regionales de marzo de 2010, esta reforma, que los senadores franceses empezarán a debatir en diciembre, prevé dividir por dos la cantidad de cargos electos en los consejos generales y regionales que pasarán de los 6.000 actuales a 3.000.

Además contempla una modificación del sistema electoral que será en 80% por mayoría a una vuelta y el resto proporcional, lo que favorecerá a la gobernante Unión para un Movimiento Popular (UMP, derecha).

«Es un atraco electoral», se indicó la izquierda. «Está hecha a medida de la UMP», denunciaron los ecologistas.

El gobierno francés afirma que el propósito de esta reforma territorial -que el 76% de los franceses considera «confusa e incomprensible»-, es un «Estado local más flexible» aunque admite que también permitirá recortar 250.000 empleos públicos.

Pero la reforma más conflictiva es la supresión de la Tasa Profesional (TP), un impuesto directo local que las empresas pagan a las colectividades territoriales (regiones, departamentos y comunas) y que es su principal fuente de ingresos fiscales.