PALANQUERO EN EL EJE DEL PLAN

Mostramos ayer, con citas del acuerdo firmado por el canciller Jorge Bermúdez y el embajador William Brownfield, que las fuerzas militares de EEUU se enseñorearán de estas bases, empezando por la de Palanquero (la más importante, con la pista más extensa de América del Sur) a la que se agregan la base aérea de Malambo, el fuerte militar de Tolemaida, el fuerte militar de Larandia (también conocido como Tres Esquinas, donde hace tiempo están actuando fuerzas militares de EEUU), la base aérea de Apiay, la base naval de Cartagena y la de Málaga, en la bahía de Málaga. Con estas siete, las bases militares de EEUU distribuidas por el mundo alcanzan la cifra de 872, con un despliegue de más de 190 mil soldados en 46 países y territorios. En Okinawa, Japón, están desde hace 64 años, y se distinguen por los escándalos sexuales protagonizados por sus militares. Y ocupan desde hace más de un siglo a Guantánamo, un puñal clavado al costado de Cuba.

Un documento del departamento de Defensa de EEUU, publicado por la revista «Semana», dice que poder utilizar la base de Palanquero es una «oportunidad única para poder hacer un completo espectro de operaciones en una región crítica, donde la seguridad y la estabilidad están bajo constante amenaza, no sólo por narcoterroristas sino por gobiernos anti-Estados Unidos». Ahí está señalado el objetivo: los gobiernos anti-Estados Unidos.

Esto es lo que alega el Pentágono al exponer en un informe al Congreso sus planes para 2010 y por lo cual pide, entre otros recursos, 46 millones de dólares para invertir en la base aérea de Palanquero. «Es el primer documento de carácter oficial que menciona el interés que puede tener EEUU de utilizar la base colombiana para ayudar a mantener ‘la seguridad y estabilidad’ frente a países que no simpatizan con Washington», comenta la publicación. Nadie ignora a qué países se refiere.

La propia revista lo expresa sin ambigüedades al señalar que «a pocos les cabe duda de que Colombia estampó la firma para hacerse de un escudo de contención para una eventual guerra con Venezuela», mencionando en tal sentido el papel a desempeñar por los aviones militares C-17 que operarán en Palanquero y pueden cubrir todo el continente sin reabastecerse de combustible. Y culmina con esta significativa afirmación: «En el planteamiento de nueva guerra fría en la región, Colombia quiere sacar ventaja de su alianza estratégica con Estados Unidos». Es precisamente lo que sostienen todas las fuerzas colombianas opuestas a la cesión de las bases a EEUU y todos los gobiernos progresistas de la región, amenazados por operativos militares y ejercicios de espionaje por parte de Colombia. De ello hay antecedentes, contra Ecuador ayer (invasión en Sucumbíos) y contra Venezuela hoy (infiltración de agentes del DAS en la zona fronteriza, planes de desestabilización extendidos también a Ecuador y Cuba). Sobre esto último el gobierno bolivariano exhibió los documentos respectivos, cuya veracidad no ha sido desmentida por el gobierno de Colombia.

Es sabido que Uribe desatendió el informe del Consejo de Estado, el cual recomendó que el acuerdo con EEUU fuese sometido al Congreso. Reviste gran interés el dictamen de dicho organismo de contralor. En primer lugar, sostiene que más allá de los 19 tratados o pactos mencionados en los fundamentos del Acuerdo, éste otorga al gobierno atribuciones nuevas y en particular en materia de soberanía. O sea que está fuertemente afectada la soberanía del país, tal cual sostienen sus opositores como argumento central. En segundo término, afirma que es «un acuerdo desbalanceado porque la conclusión es que Estados Unidos manda y Colombia figura como cooperante». Se recuerda el papel de «Caín de América» que jugó Colombia en la guerra de Malvinas. Tercero, el acuerdo deja muchas puertas abiertas para que se concreten nuevos tratados, que puedan ampliar más aún las concesiones a la potencia ocupante. Además, algunos de los compromisos que se asumen son puro papel pintado. Por ejemplo, como ya anotamos, se resuelve que, en las misiones aéreas, Colombia podrá tener un observador a bordo. Pero en el caso de Costa Rica, que tiene un acuerdo similar, al observador lo mandan al fondo del avión y es una mera figura decorativa.

El presidente Uribe no le dio la menor pelota al Consejo de Estado y colocó a su país y a América ante el hecho consumado.