Hermético silencio rodea el secuestro del ganadero paraguayo

«Se debe respetar el pedido de los familiares, quienes pidieron a las autoridades apartarse de las investigaciones para negociar con los secuestradores», dijo ayer a periodistas el senador Carlos Filizzola, un estrecho allegado del presidente Fernando Lugo, tras abandonar la casa presidencial.

Duramente criticado por la inseguridad que golpea el país, Lugo suspendió el viernes su participación en una reunión del ALBA en Bolivia y ordenó que la policía anti-secuestros despejara la zona del rapto para cumplir con el deseo de la familia de la víctima.

Los sicarios que secuestraron a Zavala cuando se disponía a cenar en el casco de su estancia «Mabel», en la localidad Paso Barreto (400 km al norte de Asunción), reclaman 5 millones de dólares por su rescate.

El viernes Diego Zavala advirtió en rueda de prensa que su hermano padece de una grave alergia a las picaduras de insectos, por lo que es imprescindible que tenga sus medicamentos al alcance.

«Hace un año entró en un shock anafiláctico, es como si su cuerpo entrara en coma», explicó.

El secuestro dejó como saldo dos policías gravemente heridos, uno de ellos en estado de coma, como secuela de una bomba del tipo «cazabobo» que estalló cuando intentaron abrir la camioneta de Zavala, hallada horas después en un camino vecinal.

La prensa local apuntó al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo de izquierda cuya existencia efectiva solo se basa en informes policiales y al que se atribuyen vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El minoritario Partido Comunista Paraguayo cuestionó la versión policial y preguntó en un comunicado si no se trata de «un montaje más fabricado desde la mafia con tentáculos en la policía».

Varios de los secuestros ocurridos en Paraguay en los últimos tiempos fueron asociados a gavillas de delincuentes con nexos en la policía.

Por otro lado, el plagio del ganadero se produjo en un momento de fuerte enfrentamiento entre jefes policiales por acusaciones mutuas de narcotráfico, que incluyó balaceras a residencias y hasta muertos, como el caso de la esposa y dos hijas de un jefe uniformado a consecuencia de un incendio. En el marco de esta violenta situación, el PCP insistió en que «no se justifica en este momento el terrorismo individual, la violencia sin brújula».

Agregó que la izquierda apoya el proceso de cambios prometido por el presidente Lugo «contra los saboteadores y golpistas, la minoría oligárquica y mafiosa en cuyas manos está todavía gran parte del Poder del Estado».

En tanto, el obispo de Concepción, monseñor Zacarías Ortíz, criticó lo que consideró inacción de las autoridades: «Parece que tienen miedo de actuar», enfatizó.