Los golpistas no tienen  la intención de dialogar

En este momento resulta difícil entender si el juego del gobierno de facto es montar ese gran show mediático del diálogo para legitimar las elecciones del 29 de noviembre, arriesgándose a enfrentarse nuevamente a la comunidad internacional, que sin embargo sobre este tema ya parece estar dividida, o si apunta a encontrar las excusas necesarias para que Roberto Micheletti se quede por más tiempo en el poder, arrinconando al presidente Manuel Zelaya y a la misma Resistencia con una presión y represión que en estos últimos días ha subido de manera desmedida, burlándose de las recomendaciones de la OEA.

Según el asesor para Honduras del secretario general de la OEA, John Biehl, «elecciones que tengan lugar sin el presidente Manuel Zelaya tendrían probablemente que ser altamente militarizadas, con un alto grado de violencia, lo que significaría que el próximo gobierno sería desconocido por una enorme mayoría de países y continuaría el aislamiento de Honduras».

No obstante, después de 106 días del golpe de Estado no se han visto medidas serias y efectivas de la comunidad internacional para que se revierta este ataque a la democracia nacional y del continente latinoamericano. Más bien el gobierno de facto ha logrado que se le reconociera como contraparte, ha monopolizado la agenda del diálogo poniendo todo tipo de condiciones y ha logrado que la participación de la OEA fuera una simple pasarela de cancilleres sin ningún tipo de capacidad coercitiva. En el documento final presentado por la delegación de la OEA, se aclaraba que para desarrollar un verdadero diálogo era necesario el «restablecimiento y permanencia de todas las garantías constitucionales, la restitución de todos los medios de prensa cuyo funcionamiento hubiera sido interrumpido, resolver la situación en la Embajada de Brasil y que se le debe garantizar al presidente Zelaya condiciones de vida y de trabajo acordes con su alta dignidad».

El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado secundó estas demandas y condicionó el desarrollo del diálogo al cese de cualquier tipo de represión.

 

Lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas ha sido todo lo contrario.

La derogación del vergonzoso Decreto Ejecutivo nunca fue publicada en la Gaceta Oficial y siguen suspendidas las garantías constitucionales. Esa medida ha permitido nuevas y constantes amenazas y represiones contra el pueblo en resistencia, debilitando sensiblemente su capacidad de movilización.

El 9 de octubre la Policía reprimió brutalmente a una movilización del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado usando gases lacrimógenos y chorros de agua mezclada con productos químicos altamente urticantes. Las personas fueron perseguidas por más de una hora y dispersadas pese a su firme voluntad y capacidad de reagruparse y volver a protestar cada vez que eran reprimidas.

Un día después, la Policía amenazó con desalojar un pacífico acto cultural en el barrio Hato de En medio, en Tegucigalpa, obligando a la gente a no bajar de la acera.

El 10 de octubre, el gobierno de facto publicó en la Gaceta Oficial un nuevo decreto en el que otorga la potestad a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de «revocar o cancelar permisos o licencias a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático, llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos».

Con esta medida se perfila el cierre definitivo de Radio Globo y Canal 36, y se crea un instrumento legal para cerrar todos aquellos medios locales e independientes cercanos a la Resistencia. Durante las noches del 9, 10 y 11 de octubre, la Embajada de Brasil ha sido objeto de una verdadera estrategia de desgaste psicológico. El presidente de facto Micheletti rechazó el pedido de la OEA y de la misma Resistencia de desmilitarizar la zona y darle mejor trato a las personas que están encerradas en este lugar.