LA MESA DE DIALOGO EN HONDURAS

En las horas previas al arribo de misión el presidente Manuel Zelaya difundió urbi et orbi un comunicado en cuyo primer punto exige a la dictadura, como paso previo al inicio del diálogo, la libertad inmediata para los presos políticos, incluyendo los campesinos detenidos que custodiaban los expedientes por los cuales se le entregan tierras en el Instituto Nacional Agrario (INA), el cese inmediato de la represión contra el pueblo que resiste y la reapertura inmediata de Radio Globo y Canal 36, restituyendo las frecuencias y los equipos decomisados. El hecho es que, a pesar de que Micheletti derogó el decreto que instituyó el estado de excepción y la pérdida de los derechos y garantías individuales, los campesinos siguen presos, y frente al local de su detención se concentran día tras día, incluso ayer, los manifestantes exigiendo su libertad; y por otra parte, a los medios de comunicación asaltados no les restituyeron los aparatos secuestrados ni sus frecuencias, y siguen sin salir al aire. Se ha generado una cadena internacional de radio en diversos países en solidaridad con Radio Globo. Zelaya insiste en que ello es tanto más imprescindible desde que estos medios se pronuncian a favor del retorno al orden constitucional, además de informar de las movilizaciones populares con ese objetivo. No proceder de esta forma, advierte, significa que «Roberto Micheletti continúa burlándose del pueblo hondureño».

El mandatario exhorta además a los cancilleres a que «estén alertas en no caer en las maniobras del régimen golpista». Estas maniobras han continuado hasta la hora misma de integrar la Mesa de Diálogo. Mientras Zelaya designó por anticipado sus delegados, Micheletti no lo había hecho, siguiendo con su táctica de pretender ganar tiempo. Los delegados de Zelaya son: su ministro de Gobernación (Interior) Víctor Meza; la vicecanciller Patricia Licona y el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Milton Jiménez; a ellos se agregan cinco dirigentes del Frente de Resistencia: los candidatos presidenciales Carlos H. Reyes (independiente) y César Ham (del partido Unificación Democrática, UD), los sindicalistas Israel Salinas y Juan Barahona, y el dirigente campesino Rafael Alegría.

Sobre el filo de la navaja, Micheletti anunció que los delegados de cada parte podrían ser solamente tres. Dijo también, pretendiendo vestirse con otro ropaje y buscando un chivo expiatorio, que los culpables de haber sacado a Zelaya fuera del país serán llevados a la justicia y castigados, pero nadie le cree. Hasta el general Romeo Vásquez Velásquez aparece en la pantalla declarando que es partidario de un diálogo para restablecer el orden constitucional, cuando todas las informaciones indican que el secuestro violento y la expulsión de Zelaya fue decidida por el jefe del Estado Mayor Conjunto en contubernio con el comandante del ejército, Miguel Ángel García, el contralmirante Juan Pablo Ramírez, de la Marina, y Luis Javier Prince Suazo, de la Fuerza Aérea. Y en algún momento deberán responder ante la justicia.

Zelaya señala además que «la obstinación de no entregar el poder al legítimo Presidente profundiza cada vez más la crisis y pone en peligro inminente el proceso electoral», fijado para el 29 de noviembre. Es lo que dice la resistencia interna y todos los pronunciamientos de orden internacional, a los que se sumó estos días la declaración conjunta de Brasil y la Unión Europea, instancia en la cual el presidente Lula reiteró que la solución en Honduras pasa por la salida de Micheletti del gobierno.

El presidente constitucional reafirma al final «la vigencia y respeto de los principios que han motivado la lucha y llama al pueblo hondureño que continúe en resistencia hasta derrotar el régimen de facto». Rafael Alegría dijo en las últimas horas que todo está listo para instalar la Mesa de Diálogo, que su objetivo primordial debe ser la restitución de Zelaya y que resulta imperioso liberar de inmediato a los campesinos encarcelados.