Breves internacionales
El movimiento indígena de Ecuador anunció ayer que suspendió temporalmente un «levantamiento» iniciado el lunes contra el gobierno, mientras el ministro de Seguridad pidió el cese de los cortes de vías como condición para iniciar el diálogo.
El represor argentino Julio Alberto Poch, arrestado en España bajo la acusación de haber participado en los «vuelos de la muerte» de la dictadura militar de su país (1976-1983), pasará a disposición de la Audiencia Nacional de Madrid, que tramitará su extradición.
Un tribunal supremo de Perú dictará sentencia hoy miércoles contra el ex presidente Alberto Fujimori, quien en la víspera se declaró culpable de delitos de espionaje telefónico, sobornos a congresistas opositores y compra ilegal de un canal de cable, informó el Poder Judicial.
Un juez de la ciudad colombiana de Villavicencio condenó a 57 años y 11 meses de prisión a cada uno de los miembros del secretariado de las FARC por la explosión en 2005 de un hotel que causó la muerte a seis personas y 19 heridos, informó ayer la Fiscalía.
En lo que parece un duelo tres días antes de que se decida la sede de los Juegos 2016, Rio de Janeiro intentó contrarrestar ayer martes en Copenhague la ofensiva de Chicago con el viaje de última hora de Barack Obama, alabando a otro carismático presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Irán se mostró cooperativo ayer martes, a dos días de una crucial reunión sobre su controvertido programa nuclear, anunciando una próxima fecha de inspección de su nueva planta de enriquecimiento de uranio, tras elevar la tensión la víspera con el ensayo de misiles de largo alcance.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer martes el crimen de un periodista asesinado en plena sala de redacción en México y pidió a las autoridades de ese país proteger a los reporteros en zonas de riesgo.
La presidenta Michelle Bachelet envió ayer martes al Congreso un proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, una iniciativa rechazada por los mapuches principal etnia del país, que consideran que no resuelve el problema de las tierras que reclaman.
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Lejos de dar explicaciones sobre los orígenes opacos de sus dineros, los funcionarios del gobierno de Milei se acogieron a una ley —diseñada y aprobada por el mismo gobierno— para quedar totalmente impunes.
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