El mundo reclama la restitución de Zelaya

El Consejo de Seguridad reclamó a los golpistas hondureños respeto a la embajada brasileña en Tegucigalpa, atacada con gases tóxicos, mientras nuevas voces se alzan en la Asamblea General de la ONU reclamando la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia.

Ha provocado indignación en el mundo entero la información de que los golpistas hondureños están atacando la embajada de Brasil en Tegucigalpa con gases tóxicos, que provocan profundas alteraciones a la salud y cuyos efectos se suman a los del «cañón sónico» o rayos de dolor» que además de sus efectos perversos alteran o bloquean las comunicaciones.

El presidente Zelaya exhibió las muestras gráficas de estos ataques, conjuntamente con el padre Andrés Tamayo. Ambos, así como la esposa del mandatario, Xiomara Castro, y otras personas presentes en la embajada, daban muestras visibles de sufrir los efectos de estas armas. La Red Hondureña de Noticias (RedHN) anunció el viernes que el ejército estaba inyectando por varias vías al interior de la embajada brasileña el agente químico Cesio 132, que provoca vómitos y sangrado de nariz y orina.

Dice en su crónica que «la primera dama valientemente se subió a una escalera que da a la casa de atrás de la embajada para comprobar el equipo utilizado por las fuerzas militares y policiales para inyectar dichas sustancias y acusó con indignación al régimen de facto a través de Radio Globo de ser los culpables de estos actos terroristas, señalando que ya ultrapasaron los límites, ignorando las implicaciones legales y éticas de sus actos». El presidente Zelaya denunció a su vez que se impedía el ingreso de la Cruz Roja y de los médicos a la embajada. Después de mucha insistencia se venció este bloqueo, y vimos en la pantalla de Telesur a las ambulancias y médicos ingresando y curando a las personas afectadas.

El tema fue planteado el mismo viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU, a solicitud de Brasil. Su presidenta de turno, la estadounidense Susan Rice, comunicó la resolución unánime de los 15 miembros del Consejo, que «llama al gobierno de facto de Honduras a dejar de acosar a la embajada de Brasil y a suministrarle los insumos necesarios, incluyendo agua, electricidad, alimentos y continuidad de comunicaciones». La resolución, que constituye un poderoso elemento a favor de la reinstitucionalización democrática de Honduras, reconoce a Manuel Zelaya como presidente constitucional y respalda las resoluciones de la ONU, de la OEA, del Grupo de Río y al Plan Arias para una solución a la crisis.

La canciller del gobierno legal Patricia Rodas (que tuvo destacada actuación en la Cumbre de Trinidad-Tobago) declaró que la resolución del Consejo dirige un claro mensaje a las fuerzas represivas de su país y que el Plan Arias «es una iniciativa útil, nuestro presidente lo ha refrendado varias veces y contiene un punto inicial básico: la restitución de Zelaya a la presidencia».

Nuevos pronunciamientos en este sentido se agregaron en la sesión de la Asamblea General del viernes, a cargo en particular de Rodríguez Zapatero y de Chávez, mientras se aguarda un pronunciamiento similar de la cumbre África-América del Sur reunida en Isla Margarita, Venezuela.

El jefe del gobierno español fue enfático al declarar: «La firme defensa de la democracia tiene un nombre y un país: Honduras. No vamos a aceptar un golpe antidemocrático, y la democracia ha de volver a Honduras». Chávez auguró que «no se impondrá el golpe de Estado, ni las fuerzas retrógradas, ni en Honduras ni en ningún otro país de nuestra América».

El tema ha llegado a la Corte Penal Internacional. Dicha Corte, con sede en La Haya, ha acogido la demanda, promovida por varias organizaciones de DDHH, contra Roberto Micheletti, el general Romeo Vásquez Velásquez y el Fiscal General como promotores del golpe de Estado del 28 de junio. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, declaró a través de su presidenta Luz Patricia Mejía que está solicitando autorización para volver a Honduras en una nueva misión, ya que recibe permanente información sobre violaciones reiteradas a los DDHH (incluidos los ataques a la embajada de Brasil), como los que comprobó en su primera misión. La Comisión se relaciona con el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Zelaya ya se reunió con cuatro candidatos presidenciales (todos ellos apoyan el golpe) y con el arzobispo auxiliar de la capital, Juan José Pineda, que trajo la propuesta inaceptable de nombrar un tercer presidente interino, y proyecta entrevistarse con los candidatos del partido Unificación Democrática, diputado César Ham, y del candidato independiente Carlos H. Reyes, a la vez dirigente del sindicato de la bebida, quienes sostienen que la elección no puede verificarse bajo un régimen de facto. Mientras tanto, la crisis se acentúa, el desabastecimiento también, hay largas filas de camiones varados en las fronteras.

Están sobre el tapete varias propuestas de mediación: a las de Arias, Jimmy Carter, Insulza y cancilleres de la OEA, se agrega el vicepresidente de Panamá Juan Carlos Varela, pero ninguna se termina de concretar. Mientras tanto la represión sigue y las movilizaciones por el retorno de Zelaya no cesan un solo día.