7.382 desaparecidos en Perú

Lima, AFP

 

En esa época existió «una suerte de resistencia» de parte del ministerio Público y de la Policía por tratar temas relacionados con violaciones de derechos humanos, dijo el Defensor del Pueblo interino Walter Albán, a la AFP.

«Pero también por una ley de amnistía que promulgó el ex presidente Alberto Fujimori en 1995, la que establece que no caben las investigaciones, ni siquiera preliminares, o sea no se habla de juzgamiento sino se establece que no puede haber investigación que tuviera como base una denuncia de ese tipo», precisó.

Albán informó que aún falta investigar las desapariciones forzadas entre 1996 y 2000, aunque advirtió que esas cifras no variarían demasiado, ya que los casos de desaparecidos fueron más numerosos entre 1980-1996.

Señaló que un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo concluye que «las desapariciones forzadas en Perú se produjeron por detención arbitraria a cargo de miembros de las fuerzas del orden, por maltratos físicos, traslado contínuo del detenido de un centro de detención a otro, con el objeto de impedir su ubicación por sus familiares».

Explicó que el informe señala que hubo «negativa sistemática de las autoridades a reconocer la detención y a brindar cualquier información sobre los detenidos, sobre interrogatorios bajo torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes para extraer información al detenido, amenazas de muerte para obligarlos a firmar documentos culpatorios».

La frecuencia de las desapariciones forzadas tiene ciclos alarmantes, uno de ellos en 1983-84, luego de que el ex presidente Fernando Belaúnde (1980-85) encargara en diciembre de 1982 a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la lucha contrainsurgente.

Antes de esa fecha sólo había 23 casos de desaparecidos, y en los dos años siguientes ocurrieron 1.206 casos. En total, en el gobierno de Belaúnde se produjo el 30,6% del total de desapariciones registradas por la Defensoría del Pueblo.

En el gobierno del ex presidente Alan García (1985-1990) se registró el mayor número de desapariciones 41,8%, teniendo el triste récord de que en el último semestre del régimen se contaron 351 desapariciones forzadas.

El 27,6% del total de los casos se produjo en los seis primeros años de la década del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000). De acuerdo al documento elaborado por la Defensoría, el Ejército es a quien los familiares de las víctimas atribuyen con mayor frecuencia la responsabilidad de la detenciones, seguida por las acciones combinadas de las fuerzas armadas y los Comités de Autodefensa.

El Defensor sostiene que en algunos poblados andinos, elementos del Comité de Autodefensa apoyados por militares habrían actuado como paramilitares.

Las víctimas han sido mayoritariamente hombres, sólo un 12% fueron mujeres. Se ha comprobado que 40 niños menores de cuatro años desaparecieron y unos 98 tenían entre 5 y 14 años.

El departamento con mayor número de desaparecidos fue el surandino Ayacucho, cuna de la organización maoísta Sendero Luminoso, con el 58% del total, seguido por sus vecinos Apurímac, Huancavelica y Junín, también en Los Andes.

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, el informe de la Defensoría señala a 514 víctimas, pero advierte que la cifra «no corresponde necesariamente al número total de ejecuciones ocurridas en Perú durante los años de la violencia, sino tan sólo a las denuncias que se formularon ante el ministerio Público».

«En más del 25% (137) de los casos de ejecución extrajudicial, los familiares denunciaron en base a propios testimonios. La Defensoría pudo constatar que en la mayor parte de los casos se consignaba la presencia de huellas de torturas en los cuerpos de la víctimas, disparos en la cabeza con fusil de guerra, tipo FAL, o los cadáveres habían sido sometidos a explosiones de granadas», precisa.