La propiedad original de la tierra en debate

Ciudad de México, ANSA

 

«La iniciativa plantea problemas tremendamente complejos que se centran en el tema de la autonomía y los derechos humanos», adelantó hoy el diputado Eduardo Andrade, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en 2000 perdió las presidenciales por vez primera en sus 72 años de historia.

Los legisladores del PRI están convencidos de que «el primer problema deriva de un error» del Estado mexicano, firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que admite «la concepción de derecho original previo (sobre la tierra) por parte de las comunidades indígenas». «Esa definición, retomada por los Acuerdos de San Andrés, podría provocar el desmontaje de los principios del Estado mexicano, graves conflictos por la tenencia de tierras y recursos que son propiedad de la nación y en casos extremos la llamada balcanización», consideró el legislador.

Sin embargo, el subcomandante Marcos, vocero zapatista, dijo que en la concepción indígena «la tierra no se vende», porque «es la madre de todos».

Chiapas, que hace más de siete años se estremeció con un alzamiento armado rebelde, es una zona estratégica por su ubicación limítrofe con Guatemala, pero es considerada también por los analistas locales como el «estado del futuro» por sus ricas reservas de petróleo y uranio y por alojar un valioso santuario ecológico.

Pero paradójicamente, el Estado meridional mexicano también sobresale entre los 31 que componen el país por ser uno de los más miserables del empobrecido sur.

En Chiapas existen tres de las más grandes represas hidroeléctricas del país –Malpaso, Chicoasén y Peñitas– que suministran más del 50 por ciento de la energía eléctrica que consume México.

En la región selvática los expertos han localizado grandes reservas de petróleo y uranio que convierten a Chiapas en un lugar estratégico para el futuro del país.

Asimismo, Chiapas aloja a la selva más septentrional del mundo, que alberga quizá al mayor número de especies vivas del planeta. La selva Lacandona se extiende por la región noreste de Chiapas y el Departamento de El Petén, Guatemala.

Las consideraciones del legislador priísta se dieron en el marco del reclamo del rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la aprobación de una ley de Derechos y Cultura Indígena avalada por el presidente Vicente Fox, del partido derechista Acción Nacional (PAN).

Esta ley, exigida desde el 1º de enero de 1994, fecha de inicio de la rebelión indígena de Chiapas, no tuvo consenso hasta hoy entre las tres principales fuerzas políticas del país: PAN, PRI y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los Acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por el gobierno central y el EZLN y luego desconocidos por el presidente Ernesto Zedillo, fueron el factor fundamental que provocó la ruptura del diálogo de paz ese año en Chiapas.

El texto de los Acuerdos de San Andrés sirvieron de base para la redacción de cinco iniciativas de ley: en 1996 por parte de la legislativa Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa); en 1998 el PAN, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Zedillo redactaron las suyas; y en el año 2000 el presidente Fox envió la propia al Congreso.

El viernes, el Congreso integrado por 500 diputados y 128 senadores de seis partidos, ninguno con mayoría, iniciará la discusión de la autonomía indígena, explotación de recursos naturales, usos y costumbres, acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional, creación de nuevos municipios, utilización de las etnias de sus propios medios de comunicación y educación bilingüe en favor de 10 millones de indios que hay en el país. En la próxima legislación «está en riesgo el principio fundamental» de la Constitución que señala que «la propiedad original de las tierras y las aguas corresponde a la Nación», dijeron voceros del PRI.

«Ese punto es central y nadie ha querido discutirlo a detalle. En el PRI no nos oponemos a la autonomía indígena pero de aprobarse como están los Acuerdos de San Andrés se llegaría a casos como el reclamo de tierras bajo el concepto de una propiedad original hasta el desmontaje del Estado mexicano», alertó el diputado Eduardo Andrade. «Existe el riesgo de que los pueblos indígenas bajo la redacción de la Ley de la Cocopa consideren que ‘como somos autónomos y este petróleo que hay abajo es mío voy a darlo en concesión a la Exxon o venderlo directamente a otro país'», comentó el legislador.