Proyecto de ley de Kirchner sobre los medios divide a los argentinos

El texto fue interpretado como un nuevo capítulo del conflicto entre la presidenta y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), y Clarín, principal grupo multimedios del país, crítico feroz de la política oficial.

Clarín tendrá un año para elegir entre deshacerse de sus canales de aire o abandonar los de cable, si el Congreso aprueba la ley sin modificaciones.

El proyecto prohibe especialmente al propietario de un canal de televisión de aire ser dueño al mismo tiempo de un canal de cable en la misma zona.

También prevé que organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro puedan acceder a un tercio del espacio audiovisual, en igual proporción que los medios públicos y los privados.

«La libertad de expresión no puede ser convertida en libertad de extorsión. La libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa», dijo al presentar la iniciativa Cristina Kirchner, cuyo partido sufrió una derrota el 28 de junio en comicios legislativos de mitad de mandato.

Su gobierno subraya que la ley vigente, que data de 1980, fue sancionada durante la última dictadura (1976/83).

Ethel Pis Diez, de la privada Universidad Austral, advirtió que «fue la ley de reforma del Estado de 1999 la que permitió la formación de grupos multimedios y la entrada del capital extranjero en el sector».

Desde este punto de vista, el proyecto de ley «nos acerca más al texto original» de la época de los militares, afirmó.

La polémica entre Clarín y el Gobierno estalló en agosto, cuando el Estado nacionalizó los derechos de televisación del fútbol, que estaban en manos de un grupo privado vinculado a Clarín, cuyo contrato fue rescindido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Estas nuevas reglas debilitarán aún más al grupo mediático y el tema está también en saber a quién beneficiarán. El proyecto de ley permite, con condiciones, la llegada al mercado de la televisión por cable a las grandes compañías telefónicas: Telefónica, Telecom y Telmex.

«Una política de Estado no puede estar motivada por un conflicto entre intereses económicos y políticos de grupos, y muchos menos por un negocio de amigos del poder. Eso resulta escandaloso», declaró el diputado electo y cineasta Fernando ‘Pino’ Solanas, de Proyecto Sur (centroizquierda).

Uno de los responsables del grupo Clarín, Jorge Rendo, aseguró que el proyecto «de progresista tiene muy poco, ya que acallará medios y al resto los hará más vulnerables».

La intención que surge del proyecto de encargar a un organismo controlado por el oficialismo el otorgamiento de licencias de explotación es criticada incluso por los aliados de centroizquierda de los Kirchner.

«Esto crea riesgos para la libertad de expresión», estimó el constitucionalista Roberto Gargarella, de la pública Universidad de Buenos Aires.

La reacción de la oposición es aún más enérgica en la medida en que el Gobierno, que no tendrá más la mayoría en el Congreso después del 10 de diciembre, elige una guerra relámpago para apurar la sanción de la ley.

«Dictaminar este proyecto de ley en una semana sería directamente una vergüenza», dijo la diputada opositora electa del Acuerdo Cívico y Social (socialdemócrata) Margarita Stolbizer.