Cúpulas militares sin cargos

Victor Vaccaro – Chile

 

Como un anticipo de un fallo que rechazará la querella por «obstrucción a la justicia» presentada por parientes de detenidos desaparecidos contra los actuales comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros a raíz de las imprecisiones y carencias que ha tenido la información entregada por esas instituciones en cumplimiento de lo ofrecido en la Mesa de Diálogo respecto al paradero de una 800 víctimas, fue considerado en círculos judiciales el cierre del sumario sin que la jueza María Inés Collin haya formulado cargos ni configurado algún delito.

El juicio se inició el 16 de enero cuando la abogada comunista Julia Urquieta acusó a las máximas autoridades castrenses y policiales en ejercicio de haber entregado información falsa con el propósito de obstruir las investigaciones judiciales en curso y particularmente aquella que el magistrado Juan Guzmán sigue contra el ex dictador Augusto Pinochet.

El propio Guzmán y luego otro integrante de la Corte de Apelaciones se declararon incompetentes para encargarse del juicio, que finalmente recayó en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, cuya titular inició el sumario, practicó diversos interrogatorios y otras diligencias y rechazó las peticiones de terminar con la causa por falta de méritos que le formularon los comandantes en jefe del Ejército y la Fuerza Aérea.

Esto alentó a los acusadores y preocupó al Gobierno, que desde el principio consideró infundada e injusta la acusación contra quienes estaban reconociendo los atropellos ocurridos hace medio siglo y contribuyendo a aclararlos, en un aporte a la reconciliación nacional, criterio que también compartió el presidente de La Corte Suprema y el mismo Consejo de Defensa del Estado, que si bien no se hizo parte, su presidente Clara Szczaranski consideró que ese organismo público podría hacerse cargo de la defensa de las máximas autoridades militares.

Cuando menos se esperaba, la jueza Collin resolvió el fin de semana que no existió el delito de obstrucción a la Justicia y en consecuencia cerró el sumario sin establecer culpabilidades ni responsables. Tal decisión la adoptó luego que el ministro Guzmán certificó que no tenía ningún cargo pendiente contra los comandantes en jefe por eventual obstrucción al procesamiento de Pinochet u otra de sus investigaciones, lo que descartaba que los jefes militares hubieran cometido ese delito.

Al cerrar el sumario la jueza dejó sin efectuar «por innecesario» el interrogatorio de algunos querellantes y otras acciones solicitadas por los abogados acusadores y ahora estos dispondrán de cinco días para pedir nuevas diligencias, advirtiendo que recurrirán a la Corte de Apelaciones si les son negadas. Con ello podrá dilatarse, pero difícilmente impedir el sobreseimiento definitivo de los acusados por un delito que no existe según el tribunal.